–El expresidente y director del partido Liberal, César Gaviria Trujillo, cuestionó duramente la política de paz del presidente Gustavo Petro y afirmó que lejos de consolidar una estrategia coherente, ha sido ambigua, desarticulada y desconectada de las realidades territoriales. «La búsqueda de la paz no se mendiga, se impone, construye con autoridad», puntualiza el exmandatario liberal en un extenso comunicado que publicó en X.

En el escrito, Gaviria Trujillo cuestiona la propuesta de otorgar beneficios judiciales a criminales comunes sin ninguna conexión con procesos de paz y advierte que implica una concesión peligrosa a actores sin carácter político. Además subraya que la respuesta institucional ha sido tenue y desarticulada frente a actos inhumanos, cobardes e infames que exigen una reacción mucho más contundente. El gobierno ha sido muy débil».

También se refiere a la salud y cuestiona el decreto que emitió Petro para imponer aspectos de la Reforma al sistemareitera que el sistema está colapsado: hay una crisis profunda en el acceso a medicamentos, en la asignación de citas médicas, y se clausuró el programa de atención a enfermedades huérfanas. Cada día cierra un hospital, y el panorama se agrava.

Estos son los términos del escrito de Gaviria Trujillo:

La intensificación de la violencia en Colombia es innegable y difícil de ocultar. El propio Presidente Gustavo Petro ha tenido que afrontar los efectos adversos que su política de “ Total” ha generado, tanto en los diálogos con el ELN como con las disidencias de las FARC. Actualmente, el país atraviesa una crisis de seguridad profunda. Lejos de consolidar una estrategia coherente, el gobierno ha desplegado una política ambigua, desarticulada y desconectada de las realidades territoriales.

Bajo el paraguas conceptual de la “Paz Total”, la administración ha intentado redefinir las relaciones entre el Estado y los actores armados ilegales mediante procesos simultáneos de negociación, sometimiento y contención, en un contexto marcado por la persistencia del conflicto armado y la criminalidad organizada, en donde se ha debilitado la presencia institucional, se ha tolerado, cuando no facilitado, la expansión de actores armados ilegales, y se ha puesto en entredicho la autoridad legítima del Estado en amplias regiones del país.

A casi tres años del inicio de su mandato, los resultados empíricos de dicha estrategia reflejan una creciente fragilidad institucional en múltiples territorios, un deterioro sostenido en los indicadores de violencia homicida, desplazamiento forzado y confinamiento, así como una pérdida de capacidad operativa por parte de la Fuerza Pública. La ausencia de una hoja de ruta clara, el debilitamiento de la conducción civil sobre el sector defensa y la falta de articulación entre niveles de gobierno han generado escenarios de improvisación y vacíos de autoridad, especialmente en zonas históricamente afectadas por economías ilegales y control armado.

Un ejemplo alarmante de la fragilidad del actual enfoque de seguridad es el llamado enero negro en el Catatumbo. El 15 de enero, el ELN perpetró una masacre contra una facción del EMC-FARC, asesinando a más de 60 personas, incluidos excombatientes que habían apostado por la paz. Este hecho desató una ola de violencia y terror que provocó el desplazamiento forzado de más de 50.000 personas, afectando gravemente a comunidades vulnerables como la indígena Barí. Apenas dos días después, el 17 de enero, el Gobierno Nacional suspendió los diálogos de paz con el ELN, evidenciando un problema estructural de fondo: cada cese al fuego ha dejado a las Fuerzas Armadas expuestas, sin herramientas eficaces de verificación ni capacidad de respuesta operativa frente a los grupos armados. Finalmente, el 24 de enero, se decretó el estado de conmoción interior en el Catatumbo por 90 días, una medida excepcional que refleja la extrema gravedad de la situación.

La ausencia de una figura con autoridad militar en la cúpula del plan de “Paz Total” que financia el gobierno sigue siendo un lunar crítico, para hacerle frente a una región asediada por violencias de todo tipo, lo que subraya la falta del control territorial del Estado y la incapacidad de la para prevenir la violencia incluso entre grupos armados.

Un revés judicial para la “Paz Total”, en donde la Corte también declaró inconstitucional el artículo 8 de la Ley 2272 de 2022, que permitía suspender órdenes de captura contra miembros de grupos ilegales. El fallo evidenció la falta de criterios claros y la vulneración de principios constitucionales. La Corte consideró que la amplitud de la disposición vulneraba principios constitucionales al no establecer criterios claros y suficientes para la suspensión, generando incertidumbre jurídica y pudiendo afectar los derechos de las víctimas.

Y es que esto es apenas uno de los problemas de la “Paz Total”, es repugnante constatar cómo el denominado “plan pistola” siega vidas de miembros de la Fuerza Pública, sembrando un terror que destruye vidas en comunidades enteras. Estas tácticas bárbaras, orquestadas por el Clan del Golfo, sobre todo, no merecen más que la condena absoluta. El país esperaba la exclusión inmediata de estos grupos de la política de paz, algo que no ha sucedido. Sin embargo, las acciones —precarias, por cierto— resultan claramente insuficientes, estos grupos no merecen más que una condena absoluta.

Es más, ahora el Presidente y el Ministro de Justicia han propuesto otorgar beneficios judiciales a criminales comunes sin ninguna conexión con procesos de paz, utilizando para ello una ley ordinaria, no estatutaria. Esta iniciativa ha generado enorme preocupación, pues implica una concesión peligrosa a actores sin carácter político. La respuesta institucional ha sido tenue y desarticulada frente a actos inhumanos, cobardes e infames que exigen una reacción mucho más contundente. El gobierno ha sido muy débil.

Si bien la firma del Acuerdo Final de 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP pareció un viraje en la búsqueda de la paz, ha resultado un camino fallido, sobre todo por la incapacidad de consolidar una paz post acuerdo. Ahora bien, la situación actual en 2025 es francamente terrible. La comunidad internacional ha brindado un apoyo significativo al Acuerdo con las FARC, pero no ha sido ciega, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, subrayó que una implementación más decidida del Acuerdo de paz se habrían evitado las crisis recientes. Aunque la ONU y la OEA han extendido sus misiones, la falta de resultados concretos mina su impacto, gracias a un Estado que parece navegar sin rumbo fijo en los territorios históricamente marginados, sin una estrategia de seguridad adaptativa que responda a las dinámicas cambiantes.

A pesar del desalentador panorama institucional, persiste una reserva ética ciudadana en torno al Acuerdo de Paz. El PNUD revela que las comunidades más afectadas aún creen en el valor del pacto. Sin embargo, la falta de avances concretos, la ausencia de una autoridad articuladora y la incertidumbre política interna amenazan con erosionar esta confianza y enviar un mensaje de falta de garantías y continuidad a los grupos armados en negociación dentro del marco de la «Paz Total”.

Es que la actual “Paz Total” ignora por completo el Acuerdo con las FARC porque, sencillamente, no encuentra nada que aportar. Ataques inhumanos, violatorios del derecho internacional y de una perversidad que creíamos superada, nos devuelven a un pasado muy oscuro. El país aún espera una respuesta vertical, una decisión que consideramos urgente e inaplazable. Resulta desconcertante que la única respuesta del gobierno ante la brutalidad del conflicto sea que “hay que verificar”. ¿Verificar qué, exactamente? ¿Contar los cadáveres?

Si el Presidente quiere darle una oportunidad real a la “Paz Total”, necesita inyectarle autoridad, orden y conocimiento estratégico, empezando por incluir miembros perfiles con formación militar que acompañen a Otty Patiño o a quien lo reemplace y hacer una evaluación del uso de estos recursos de cuyo uso apropiado, hay muchas dudas. No se trata de que cada miembro tenga que ser un policía, sino de incorporar el orden y la disciplina que una tarea de esta magnitud exige. Es que resulta inexplicable que las negociaciones que en cabeza de Otty Patiño tengan una estructura tan precaria, ineficiente, fallida, y cuya única herramienta haya sido prolongar los ceses al fuego. Es más, se desconoce cuales son sus labores, cómo opera, siquiera si tiene funciones a cumplir o si simplemente dispone de dinero para cumplir objetivos políticos.

A casi tres años del inicio de su mandato, los resultados empíricos de dicha estrategia reflejan una creciente fragilidad institucional en múltiples territorios, un deterioro sostenido en los indicadores de violencia homicida, desplazamiento forzado y confinamiento, así como una pérdida de capacidad operativa por parte de la Fuerza Pública. La ausencia de una hoja de ruta clara, el debilitamiento de la conducción civil sobre el sector defensa y la falta de articulación entre niveles de gobierno han generado escenarios de improvisación y vacíos de autoridad, especialmente en zonas históricamente afectadas por economías ilegales y control armado.

La seguridad no puede seguir siendo interpretada como una categoría meramente discursiva ni como un obstáculo para la construcción de paz. El país necesita respuestas efectivas, no promesas abstractas; necesita Estado, no concesiones a quienes desafían su legitimidad. Esta es una llamada de alerta, pero también una exigencia: el gobierno debe asumir su responsabilidad frente al derecho fundamental de los colombianos a vivir sin miedo.

El único logro de la política de paz de este gobierno ha sido el acuerdo e inicio de la reintegración del Frente Comuneros del sur (ex ELN). Sin embargo, esto resulta mínimo, frente a las grandes pretensiones y expectativas planteadas desde el inicio de gobierno. Es más, la situación es tal, que los paros armados y planes pistola de los diferentes grupos con los que se negocia o se negoció y el alza en los indicadores de violencia e inseguridad, son una muestra directa de la incapacidad del Ministerio de defensa y del Alto Comisionado para la Paz para garantizar la seguridad de la población colombiana y liderar una política de paz seria, coherente y con resultados concretos.

En lo corrido del año ya se han registrado más de 23 paros armados, por el clan del golfo, ELN, y Disidencias de las FARC- EP, los mismos proliferados grupos con los que se plantea la ensangrentada “Paz Total”. Solamente en el departamento del Chocó, esto ha generado el confinamiento de 5.910 personas y el desplazamiento forzado de al menos 3.600 habitantes, según cifras de la gobernación. Estos datos evidencian no solo el fracaso en el control territorial, sino también la desconexión profunda entre el discurso de paz y la realidad que viven muchas comunidades en el pacifico y en las demás regiones del país.

El reciente llamado del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para aumentar los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los uniformados, fortalecer la presencia militar en las zonas más afectadas y modernizar el equipamiento, es un paso necesario y urgente frente a la compleja situación de orden público que enfrenta el país. Garantizar condiciones dignas para quienes integran la Fuerza Pública y dotarlos con las herramientas adecuadas es fundamental para asegurar una respuesta eficaz, profesional y respetuosa de los derechos humanos en los territorios.

Sin embargo, este planteamiento entra en evidente contradicción con los pronunciamientos recientes del propio Ministro, en los que ha afirmado que las Fuerzas Armadas no están desfinanciadas y que cuentan con los recursos necesarios para cumplir su misión constitucional. Esta ambigüedad no sólo genera confusión en la opinión pública, sino que dificulta el debate serio sobre las verdaderas necesidades del sector defensa. Si se reconoce que es indispensable un mayor esfuerzo presupuestal, debe hacerse con transparencia y coherencia, para avanzar hacia una política de seguridad integral, sostenida y responsable con el país y sus fuerzas institucionales.

Lo verdaderamente preocupante es que esto no es un tema de sumar y restar. A pesar de que la política de seguridad del actual gobierno establece como objetivo general la protección de la vida mediante la recuperación del control territorial y la creación de condiciones de seguridad en entornos urbanos y rurales, la realidad en departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y Norte de Santander demuestra un panorama preocupante y contradictorio. Lejos de evidenciar avances en la consolidación del control estatal y la disminución de las violencias, estos territorios enfrentan un recrudecimiento del conflicto armado, el fortalecimiento de estructuras criminales y una creciente disputa territorial entre grupos armados organizados que operan a plena luz del día, con total impunidad.

Y es que no se nos olvide: todo comenzó con el pacto de la picota, la antesala del trato complaciente que el gobierno estaba dispuesto a ofrecer a los criminales. Fuimos ingenuos al pensar que la seguridad se asumiría con rigor, estrategia y responsabilidad institucional. Hoy queda claro que se optó por el espectáculo y la improvisación: giras regionales disfrazadas de gestión de paz, protagonizadas por extraditados sin legitimidad ni control. Lo que debía ser una política de Estado para proteger la vida y el territorio, se transformó en una narrativa confusa que pone en riesgo a las comunidades y desdibuja por completo los límites entre la justicia y la negociación.

En un mundo y un país en constante transformación, aferrarse a una «Paz Total» estática y descontextualizada es una receta segura para la frustración y el recrudecimiento de la violencia. Colombia necesita urgentemente una política de seguridad que comprenda la naturaleza dinámica de las amenazas, que sea capaz de adaptarse estratégica y tácticamente para garantizar la estabilidad y proteger a sus ciudadanos. La «Paz Total», en su forma actual, no cumple con estos requisitos fundamentales.

Presidente: la búsqueda de la paz no se mendiga, se impone. Requiere el ejercicio, sin contemplaciones, del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. Este ejercicio debe ser complementado por las autoridades militares encargadas de combatir los grupos irregulares. Esto es lo exitosamente está ocurriendo con las autoridades que en las que el Estado ha ido cediendo ese monopolio de uso de la fuerza. Es más, son unas prácticas exitosas que nadie piensa que se pueden volver atrás.

Sobre mi último comunicado

Hace un par de semanas, alerté sobre el grave deterioro del sistema de salud en Colombia. Señalé que el sistema está colapsado: hay una crisis profunda en el acceso a medicamentos, en la asignación de citas médicas, y se clausuró el programa de atención a enfermedades huérfanas. Cada día cierra un hospital, y el panorama se agrava. El sistema de salud de los maestros, por ejemplo, enfrenta una situación crítica: adeuda más de $190.000 millones por obligaciones con vencimientos entre 91 y 180 días, y acumula otros $279.000 millones en deudas superiores a seis meses. Esta situación compromete seriamente su sostenibilidad financiera. Esta misma semana, la Fundación Santa Fe suspendió servicios a FECODE debido a una deuda acumulada de $18.000 millones.

La Superintendencia Nacional de Salud —entidad que hoy administra la mayoría de las EPS intervenidas— ha sido incapaz de garantizar un manejo técnico y eficiente del sistema. Las decisiones que ha tomado la han convertido en una de las principales responsables del actual descalabro institucional. Sigo creyendo que el Presidente Gustavo Petro no dimensiona la magnitud de esta crisis, o que el Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no le ha informado con claridad la gravedad del problema que su gobierno está a punto de afrontar, si es que no lo ha hecho ya.

La Contraloría General de la República ha venido documentando rigurosamente las fallas estructurales del sistema y ha puesto en evidencia, con cifras y hechos, su inviabilidad bajo la pésima administración actual. Su seguimiento revela cómo, semana tras semana, emergen nuevas falencias que profundizan la crisis. En el marco de su seguimiento a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), la Contraloría General de la República ha advertido en reiteradas ocasiones sobre irregularidades con recursos para implementar el acuerdo de paz, y según un informe conocido en primicia por EL TIEMPO, en la actualidad cursan 37 procesos de responsabilidad Iscal en los que el órgano de control investiga presuntas falencias por 97.881 millones de pesos relacionados con proyectos con recursos de Ocad Paz, el órgano del SGR responsable de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos para la implementación de la paz. De esos 37 procesos, 32 se han abierto entre el 31 de agosto de 2022 y el 6 de mayo de 2024, durante el periodo del otrora contralor Carlos Hernán Rodríguez y su sucesor, en interinidad, Carlos Mario Zuluaga, quien es vicecontralor en funciones de contralor general. De acuerdo con el documento, 13 procesos por más de 77.485 millones de pesos se han abierto en el nivel central, y 19 procesos de responsabilidad central son en el nivel desconcentrado, por cuantía superior a 9.166 millones de pesos. En comparación, en el mismo periodo de la administración anterior se habían abierto 4 procesos de responsabilidad fiscal por hallazgos en proyectos de Ocad Paz, por cuantía superior a 10.660 millones de pesos. De estos, uno era en el nivel central, por 9.581 millones de pesos, y tres procesos con recursos de Ocad Paz estaban en el nivel desconcentrado, por más de 1.079 millones de pesos. Todo indica que el sistema estará completamente colapsado cuando llegue el momento de ser debatido en el Senado. Incluso con una inyección extraordinaria de recursos fiscales —que el gobierno hoy no tiene— el sistema apenas podría sostenerse unos meses más.

Lamentablemente, dudo que el nuevo decreto del gobierno resuelva de fondo esta situación. Pretenden modificar por vía administrativa normas de ley, e incluso disposiciones que la Corte Constitucional definió en noviembre de 2023 como el corazón del sistema de salud. El gobierno ha ignorado estas disposiciones de forma reiterada, incurriendo en múltiples desacatos a los fallos de la Corte y a sus órdenes expresas.

Cesar Gaviria Trujillo
Expresidente de Colombia
Director del Partido Liberal Colombiano