–El régimen de Nicaragua negó la extradición del prófugo de la justicia colombiana Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, y le otorgó asilo político, hecho por el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro acusó a la dictadura del país centroamericano de desconocer el tratado de Extradición firmado con Colombia en 1929.

El régimen de Daniel Ortega afirmó que le otorgó asilo a González al considerarlo un perseguido político. “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos”, afirmó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense.

Además estableció que “en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.

Frente a la decisión, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia de Colombia publicaron un comunicado en el cual señalan que «no comparten la decisión del Gobierno de la República de Nicaragua de otorgar asilo político al señor Carlos Ramón González Merchán, teniendo en cuenta que el ciudadano es requerido por la justicia colombiana por la presunta comisión de delitos de carácter común».

El presidente Gustavo Petro también se pronunció en su cuenta en X reseñando las que considera los reales motivos por los cuales Nicaragua decidió otorgar asilo a González y negar la extradición:

«Se debe a dos razones poderosas que le den asilo a Carlos Ramón: 1. Ortega no quiere a Petro, porque denuncia que se volteó contra los sandinistas que hicieron la revolución contra Somoza.

Y 2. porque Carlos Ramón Gonzáles fue de cuerpo entero, como parte de la comisión combatiente del M19 a luchar en la guerra en Nicaragua, contra el dictador Somoza. Los oficiales del M19 fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista con grados militares».

Frente a la decisión, en un comunicado, la cancillería y el Ministerio de Justicia, a nombre del Gobierno de Colombia, hacen las siguientes precisiones:

1. Colombia reconoce y respeta la figura del asilo concedido a las personas que tengan justificación para invocarlo de acuerdo con los instrumentos internacionales de los cuales nuestro país es Estado Parte.

2. En virtud de dichos instrumentos internacionales, este derecho no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos.

3. El señor Carlos Ramón González Merchán enfrenta un proceso penal en Colombia por la presunta comisión de delitos comunes tipificados en la legislación penal colombiana.

4. La decisión de conceder asilo político al señor González Merchán desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de Nicaragua de 1929, en el entendido de que en el marco de este Instrumento ambos Estados convinieron entregar mutuamente a las personas procesadas o condenadas en uno de ellos.

5. Colombia solicita al Gobierno de la República de Nicaragua tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, reconsiderar su decisión para revocar dicha protección internacional, con el propósito de que el señor González Merchán pueda entregarse a la justicia colombiana, la cual le brindará todas las garantías procesales. Fin del comunicado.

El pasado 3 de julio, el Tribunal Superior de Bogotá, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Carlos Ramón González por su presunta participación en el mega escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, tras ser imputado por la Fiscalía de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, cargos que no aceptó el exfuncionario.

El magistrado libró orden de captura en contra de González Merchán luego de atender la petición de la Fiscalía mediante la cual sustentó que el procesado podría interferir en la investigación con la afectación a otros intervinientes y su posible no comparecencia en las próximas etapas del proceso penal.

Según la investigación que adelantan dos fiscales de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, entre septiembre y octubre de 2023, el entonces director del DAPRE habría determinado a Olmedo López Martínez, en ese momento director de la UNGRD, para que direccionara contratos de la entidad con el propósito de obtener recursos ilícitos dirigidos a pagar coimas dirigidas a los expresidentes de Senado de la República y Cámara de Representantes, Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, respectivamente, a cambio del trámite favorable de proyectos de ley en las corporaciones legislativas.

Ante retrasos en la contratación al interior de la Unidad, González Merchán, ordenó a López Martínez en octubre de 2023 la entrega de una coima de 4.000 millones de pesos en efectivo para los dos congresistas, y determino a Sandra Liliana Ortiz Nova para que transportara tres mil millones con destino a Iván Leonidas Name Vásquez.

Los mil millones de pesos restantes fueron destinados a pagar la dadiva ilícita pactada con Andrés David Calle Aguas.

El dinero dirigido a las eventuales coimas saldría del contrato que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques que servirían para suministrar agua potable a comunidades indígenas del departamento de La Guajira.