–Lo ocurrido en Funza evidencia, una vez más, las fallas estructurales que persisten en los centros de detención transitoria y que deben ser enfrentadas con determinación, precisó la Defensora del Pueblo, Iris Marín, en un pronunciamiento sobre la tragedia ocurrida en desarrollo de un motín de detenidos en la Estación de Policía del municipio cundinamarqués, con saldo de siete muertos.

«Esta tragedia no puede ser tratada como un hecho aislado: es una señal de alarma que exige respuestas inmediatas, firmes y coordinadas por parte del Estado colombiano, frente a una vulneración sistemática de derechos humanos que la Corte Constitucional ha reconocido respecto de las 22.978 personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria», precisa la Defensora del Pueblo. «Ellas requieren con urgencia soluciones reales y sostenibles que garanticen sus derechos y les permitan vivir en condiciones dignas, como lo ordenan la Constitución y los estándares internacionales», añadió.

Igualmente señala que el Estado tiene el deber ineludible de proteger la vida y garantizar condiciones humanas y seguras a todas las personas privadas de la libertad, sin excepción. «Lo ocurrido en Funza evidencia, una vez más, las fallas estructurales que persisten en los centros de detención transitoria y que deben ser enfrentadas con determinación», puntualiza.

Afirma que no puede ignorarse que la crisis actual está relacionada con la inacción histórica de muchas entidades territoriales, que han incumplido su deber legal y constitucional de construir establecimientos de reclusión, celebrar convenios con el INPEC para el traslado oportuno de personas privadas de la libertad y garantizar condiciones mínimas de dignidad en los centros de detención transitoria. Su omisión ha contribuido al hacinamiento y a las condiciones indignas que hoy ponen en riesgo la vida e integridad de miles de personas, y que derivaron en tragedias como la ocurrida en Funza».

Iris Marín indica que es urgente que todos los actores del Sistema Penitenciario asuman su responsabilidad y actúen con decisión. Es imperativo que el Congreso de la República cumpla con su deber de legislar de manera clara y definitiva sobre las competencias en materia penitenciaria y carcelaria, y que el Gobierno nacional presente, como lo ordena la Ley 2197 de 2022, el proyecto de ley concertado con los entes territoriales para definir sus responsabilidades y fuentes de financiación en la creación, operación y mantenimiento de centros de reclusión. La inacción no puede seguir siendo la respuesta: su costo son vidas humanas, como las que hoy enlutan a las familias.

Destaca que desde la Defensoría del Pueblo hemos desplegado acciones inmediatas de acompañamiento humanitario y jurídico a los familiares de las víctimas y a las personas privadas de la libertad sobrevivientes. Estamos verificando el estado físico y emocional de quienes permanecen detenidos y participaremos activamente en la coordinación interinstitucional convocada por la Procuraduría General de la Nación, con el fin de garantizar que la respuesta del Estado esté centrada en la protección y la dignidad humana.

Y hace un llamado categórico a las autoridades competentes para que adelanten investigaciones prontas, imparciales y transparentes que permitan esclarecer la verdad de lo ocurrido, establecer responsabilidades y garantizar justicia. Así mismo, exigimos que se brinde información clara, veraz y oportuna a las familias, reconociéndolas como víctimas indirectas de la privación de la libertad, titulares de derechos derivados de esa condición, tal como lo establece la Resolución No. 02 de 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, convoca a las EPS, IPS y a la Policía Nacional a fortalecer la articulación para garantizar que, en eventuales traslados de pacientes a clínicas de mayor complejidad, se brinden todas las condiciones de seguridad, custodia y acompañamiento necesarias, protegiendo en todo momento los derechos de las personas privadas de la libertad y de sus familias. Entendiendo, la urgencia inminente de garantizar la vida de quienes se vieron afectados.

Finalmente precisa: «La Defensoría del Pueblo reitera, con firmeza y convicción, su compromiso indeclinable con la defensa de los derechos humanos de todas las personas privadas de la libertad. La dignidad humana es un derecho inviolable que no se suspende en contextos de detención. El respeto por la vida y la integridad debe guiar todas las actuaciones del Estado».