–En una declaración emitida este jueves el Gobierno Nacional y el llamado ejército gaitanista del clan del golfo, informaron sobre los primeros acuerdos en desarrollo de las conversaciones para la desmovilización de ese grupo ilegal armado, que se desarrollan en Doha, la capital del Estado de Qatar.

Al respecto, definieron una área para implementar acciones piloto en los municipios de Mutatá (Antioquia), de Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó)

Igualmente, el ejercito gaitanista se comprometió a respetar el desarrollo del proceso electoral, a no interferir en la Acción Integral Contra Minas Antipersonal AICMA y a promover el respeto a los principios del Derecho Internacional Humanitario, DIH.

Estos son los términos de la «Declaración del Proceso para la Desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia —(a)EGC V la construcción de paz con el pueblo en los territorios»:

«Los grupos de trabajo para el Espacio de Conversación Socio Jurídico, reunidos en la ciudad de Doha, Estado de Qatar,
dimos inicio formal a las conversaciones de 10 que hemos acordado denominar: «Proceso para la Desmovilización del
autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia — (a)EGC y la construcción de paz con el pueblo en los territorios».

Hemos definido como área para implementar acciones piloto que permitan desarrollar la etapa de consolidación de
confianza, la comprendida en los municipios de: Mutatá (Antioquia). Acandí. Belén de Baiirá. Riosucio y Unguía (Chocó).

Definimos que los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) son el primer piso para la construcción de paz. Por tanto, el grupo
armado reitera su compromiso de respetar sus derechos. No obstante, el grupo hará un nuevo censo al interior de sus
integrantes para verificar la situación y, en el evento de identificarse casos, se pondrán a disposición del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

El Gobierno Nacional, a través del ICBF, liderará un plan de articulación para la superación del déficit de derechos y el desarrollo de entornos seguros.

Se establece la implementación de un programa piloto de pedagogía para la sustitución total de IOS cultivos de uso
ilícito en los cinco municipios, considerando la participación voluntaria, la asistencia técnica y medios de vida
alternativos. Para ello se constituirá un grupo de trabajo bajo el liderazgo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI).

Frente a la persistencia del fenómeno de Migración irregular en los cinco municipios se constituirá un grupo de trabajo
liderado por Migración Colombia, que desestimule los factores de ilegalidad que afectan los derechos de las personas
migrantes y la soberanía del Estado.

Para la implementación de las leyes nacionales e internacionales de carácter ambiental se constituirá un grupo de
trabajo, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), que aborde problemáticas de
protección de cuencas, explotación de madera, fauna, impactos de la minería y expansión de la frontera agrícola.

En los cinco municipios, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho desplegará, en
coordinación con el poder judicial y las autoridades administrativas competentes una presencia permanente adaptada
a las características sociales, históricas, económicas, culturales y políticas de cada territorio, para su fortalecimiento.

Para cada uno de los anteriores aspectos se crearán grupos de trabajo con participación comunitaria, de autoridades
locales, regionales y étnicas. Participará, sin perjuicio del estatus legal del (a)EGC como grupo armado no estatal, un(a) vocero(a) no perteneciente, delegado por el EGC para estos municipios, y siempre se tendrán en cuenta enfoques
diferenciales/poblacionales.

La seguridad, no estigmatización y la protección de quienes participen en estas instancias será una responsabilidad del Estado, que ha de ser verificada por los mecanismos que se adopten en desarrollo de estos compromisos.

EI Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana será el instrumento que rija todas las dimensiones de la vida
social en estos municipios. Se definirá conjuntamente con el (a)EGC, el desarrollo de una estrategia pedagógica dirigida a sus integrantes con sentido étnico, poblacional, diferencial y territorial para este propósito. EI Ministerio del Interior y el Ministerio de la Defensa desarrollarán acciones pedagógicas con las comunidades para la apropiación social de este código.

En el ámbito nacional:

-El EGC reafirma su compromiso de respetar y no interferir en el desarrollo de los procesos político-electorales.
Igualmente, adelantará campañas pedagógicas entre sus miembros para promover el respeto a las elecciones libres.

Además, mantendrá el respeto y el acceso de las instituciones del Estado, sin interferencias, en eI trabajo que estas
realicen en beneficio de la población civil.

EI EGC se compromete a no interferir en la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, de acuerdo con las normas
del Derecho Internacional Humanitario (DIH) V el Tratado de Ottawa.

Se elevará una solicitud conjunta para que, en pleno ejercicio de su autonomía constitucional y legal, la Fiscalía General de la Nación disponga la creación de un mecanismo especial de priorización de casos de denuncia sobre violaciones al DIH.

Este mecanismo operará bajo los principios de imparcialidad e independencia, y brindará la debida consideración
a todas las víctimas de dichas violaciones, incluidos los miembros del (a)EGC, agentes del Estado, civiles y, cuando
corresponda, sus familiares directos, de conformidad con las normas jurídicas internacionales y nacionales aplicables.

EI EGC seguirá con su compromiso de promover, respetar y garantizar que sus miembros cumplan con los principios
del Derecho Internacional Humanitario —distinción, humanidad, proporcionalidad y precaución— y con el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.

El gobierno nacional y el EGC se comprometen a evitar prácticas como la perfidia que pongan en riesgo a la población civil o dañen la confianza en los servicios públicos y privados.

EI gobierno nacional toma nota de que el EGC rechaza ser caracterizado como grupo paramilitar o neo-paramilitar
y reitera que la clasificación jurídica del EGC se determinará de conformidad con el derecho internacional y
colombiano y los mecanismos de justicia transicional.

Convenimos solicitar al Gobierno de Qatar, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de
Estados Americanos (MAPP/OEA), al Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y a la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC),
realizar el seguimiento, monitoreo y verificación de lo aquí descrito. Para cumplir este propósito se impulsarán
gestiones de apoyo financiero, técnico, académico y logístico.

Se conviene solicitar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acompañar este proceso. Dicha petición deberá
hacerse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Los grupos de trabajo agradecen y destacan el permanente, constructivo y decidido aporte del Estado de Qatar y el
equipo mediador designado, por facilitar todas las condiciones necesarias que han permitido lograr avances en el
proceso.

Con el respaldo del gobierno de Qatar los grupos de trabajo han acordado realizar consultas y actividades pedagógicas.
Asimismo, se han comprometido a establecer una nueva fecha para proseguir las conversaciones en este país. Tanto
las agendas, como las fechas y la composición de las delegaciones permanecerán confidenciales, garantizando así la
integridad del proceso de diálogo.

Doha, Qatar, 18 de septiembre de 2025.

Firman:

Por el Gobierno Nacional: Álvaro Jiménez Millán
Por el Estado Mayor Conjunto del EGC: Luis Armando Pérez Castañeda