–Pasados 40 años, hoy sigue retumbando en el país aquel angustioso llamado que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Alfonso Reyes Echandía, al entonces jefe del Estado Belisario Betancur: «La situación es dramática, estamos rodeados aquí de personal del M-19. Por favor, que el presidente de la República de la orden.. que cese el fuego… Por favor, que cese el fuego inmediatamente…Estamos en un trance de muerte».

El llamado no obtuvo respuesta y tras 28 horas todo terminó en lo que bien se ha denominado «el holocausto del Palacio de Justicia», uno de los episodios más dolorosos de la historia de Colombia.

Ocurrió entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, por una acción del grupo guerrillero autodenominado Movimiento 19 de Abril -M19 que irrumpió en el corazón de la justicia, a sangre y fuego, dizque para hacerle un «juicio político» al presidente Betancur, por supuestamente incumplir acuerdos de paz, pero cuyo objetivo era, según se afirma, hacerle un favor, pago por supuesto, al capo del narcotráfico, Pablo Escobar, por el problema de la extradición.

Los propios cabecillas del narcotráfico -‘Popeye’ y Carlos Castaño- confesaron años después que la toma fue financia por Pablo Escobar como represalia contra la Corte Suprema por sus fallos sobre extradición, recordó el exministro Luis Felipe Henao, en una nota en El Tiempo. «Lo más indignante es que, mientras militares han pagado décadas de cárcel por la retoma, los responsables directos del ataque fueron indultados, sin decir la verdad, sin pedir perdón, sin comprometerse a no repetir sus crímenes», agregó.

El resultado fue cerca de 100 muertos, 11 desaparecidos y una herida institucional que aún no cicatriza.

La Fuerza Pública respondió con un operativo militar que incluyó tanques, fuego real y asalto por varios frentes.

El enfrentamiento provocó incendios, destrucción del edificio y la muerte de magistrados, empleados judiciales, visitantes y guerrilleros.

La toma por parte del M-19 y la retoma militar no solo destruyeron un edificio, sino que arrasaron con vidas, archivos, verdades y esperanzas. Magistrados, empleados, visitantes y guerrilleros fueron víctimas de un fuego cruzado que aún arde en la memoria colectiva.

A cuatro décadas, la justicia sigue incompleta. Solo tres condenas han sido dictadas, mientras muchos responsables permanecen en la sombra.

El Coronel (r) Alfonso Plazas Vega, fue condenado a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada de once personas y el General (r) Jesús Armando Arias Cabrales, a 35 años de cárcel también por la desaparición forzada de cinco personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2014 por violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Las familias de los desaparecidos continúan buscando respuestas, y el país sigue esperando una verdad oficial que dignifique a las víctimas.

Este aniversario no es solo un acto de recuerdo, sino un llamado urgente: a no repetir, a reparar, a reconocer. Porque la memoria no es pasado, es presente que exige justicia.

¿Cómo fue la toma?

El 6 de noviembre de 1985, a las 11:30 a.m., un comando de 35 guerrilleros del M-19 ingresó al Palacio de Justicia en Bogotá, ubicado en la Plaza de Bolívar.

El grupo buscaba someter al presidente Belisario Betancur a un “juicio político” por incumplir acuerdos de paz.

Tomaron como rehenes a cerca de 300 personas, entre magistrados, empleados judiciales y visitantes.
Se atrincheraron en los pisos superiores del edificio, mientras se escuchaban ráfagas de fusil y explosiones.

Tras este hecho, vino la retoma. Desde la tarde del 6 hasta la tarde del 7 de noviembre, el Ejército Nacional, junto con la Policía y otras fuerzas del Estado, lanzó una operación militar para recuperar el edificio.

Se utilizaron tanques, helicópteros, lanzagranadas y fuego cruzado. Las órdenes eran confusas y contradictorias.

El edificio fue incendiado durante los combates. Las llamas consumieron archivos judiciales y dificultaron el rescate de los rehenes.

Entre las víctimas hubo 11 magistrados de la Corte Suprema, decenas de civiles, guerrilleros y al menos 11 desaparecidos, incluidos empleados de la cafetería.

La Comisión de la Verdad de la Corte Suprema concluyó que el magistrado Manuel Gaona fue asesinado por un guerrillero del M-19, desmintiendo versiones que atribuían su muerte a fuego cruzado.

El expresidente Belisario Betancur reconoció años después que subestimó la gravedad del conflicto y que hubo errores en el manejo del poder.

El caso sigue siendo objeto de investigación judicial y memoria colectiva, con implicaciones sobre la responsabilidad del Estado y los derechos humanos.

El Centro Nacional de Memoria Histórica registró estos hechos derivados del holocausto:

Para Edison Cárdenas, familiar de Luz Mary Portela, esto más que generar un alivio, arroja muchas dudas. “En el caso particular de mi hermana hay cuatro personas que la posicionan a ella viva, la describen con la misma contextura, la misma ropa y una herida en el brazo. La ubican en la casa del Florero viva, y hoy en día me la están entregando como una de las víctimas del Palacio de Justicia, no entiendo en qué momento ella sale de Palacio y vuelve muerta y calcinada, entonces hay muchas incógnitas. Más que una alegría es un sin sabor y pues una pregunta más de verdad”.

Según el Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, “por la desaparición de Luz Mary Portela está condenado el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales”.

Por otro lado, en el curso de los años se ha demostrado que hubo irregularidades en la entrega de los cuerpos de varias de las víctimas fatales que dejó el holocausto, puesto que las familias que creían haber encontrado a sus seres queridos, han descubierto que los restos no corresponden y se enfrentan al temor de no encontrar a sus familiares. A su vez, consideran que estas fueron acciones deliberadas con el fin de responderle a ciertas familias, pero dejando once desaparecidos.

Pilar Navarrete, Gabriel Andrade y Alexandra Sandoval comparten una historia similar relacionada a las irregularidades por las que el Estado ha tenido que responder. El esposo de Pilar, Héctor Jaime Beltrán, estuvo desaparecido 32 años desde ese trágico 6 de noviembre de 1985, hasta que recientemente la exhumación de los que se suponía eran los restos del magistrado Julio César Andrade, padre de Gabriel, dieron positivo para Beltrán, convirtiendo al magistrado en una víctima de desaparición forzada.

Por su parte, el magistrado Emiro Sandoval, padre de Alexandra Sandoval, corrió con la misma suerte, antes de este hecho ya se habían identificado fallas en las necropsias de muchos cuerpos y gracias a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tuvo la obligación de dar respuesta a las familias de los desaparecidos. Esto hizo que en 2015 se exhumara el cuerpo del magistrado auxiliar Emiro Sandoval y se permitiera reconocer que los restos no solo no correspondían con los del funcionario, sino que en su tumba estaban los cuerpos de tres personas, que al día de hoy no han sido identificadas. En este caso en particular, pudo hallarse el cuerpo de Sandoval en la fosa común del Cementerio del Sur, lugar en el que también se encontraron los restos de Lucy Amparo Oviedo, quien trabajaba en la cafetería del Palacio de Justicia.

¿Qué ha pasado?

Con respecto a Héctor Jaime Beltrán, o “Jimmy” como lo llama Pilar Navarrete, su caso pasa de ser una desaparición forzada a un asesinato. A pesar de la larga lucha que ha tenido que soportar esta mujer, siente que no es momento para dejar de insistir por la verdad, ya que aún se desconocen los hechos que terminaron con la vida de su esposo y el porqué de las irregularidades en la entrega de los cuerpos.

A su vez, Gabriel Andrade, que para el día de la toma tenía solo 17 años, ha sido un proceso difícil para él y su familia darse cuenta que su padre ahora es víctima de desaparición forzada. En este caso el tratamiento es diferente. Aunque las víctimas afirman que la intención del Fiscal actual va por buen camino, Andrade no cree posible que se llegue a identificar a su padre, por las irregularidades que han existido alrededor del caso; para él una cosa es cierta, espera que los implicados asuman su responsabilidad y otorguen verdad al proceso.

Sobre perdón y reparación, tanto Alexandra Sandoval, como Pilar Navarrete y Gabriel Andrade, consideran que no se puede exigir perdón, menos cuando nadie ha asumido su responsabilidad. Solo esperan que el caso avance y las víctimas que, como ellos, han pasado momentos difíciles, puedan saber exactamente qué pasó y cómo pasó. En el caso de Sandoval, tenía solo tres años cuando su padre desapareció, lo que le quitó la oportunidad de crecer sin él, pero a la vez de apoyar los procesos de justicia al permitir que se exhumaran los restos de su padre. Son personajes que para la época atravesaban momentos muy distintos en sus vidas, como madre y esposa, como hijo adolescente y como una niña que tuvo que crecer en medio del conflicto.

“Una decisión clasista”

A raíz de los acontecimientos de los últimos años, las familias han empezado a cuestionar las irregularidades en la entrega de los cuerpos y el por qué a algunas familias sí y otras no. Tras encontrar el cuerpo de Héctor Jaime Beltrán y reconocer al magistrado Julio César Andrade como desaparecido, como pasó también con Emiro Sandoval, las víctimas se preguntan si fue una decisión deliberada conceder una especie de tranquilidad a unas víctimas y a otras no.

Las consecuencias judiciales de la toma y retoma del Palacio de Justicia fueron:

• Desapariciones forzadas: Al menos 11 personas fueron reportadas como desaparecidas tras la retoma, incluyendo empleados de la cafetería, visitantes y una guerrillera. Testimonios y pruebas indican que salieron con vida del edificio y fueron vistos en manos de militares.
• Investigaciones penales: Durante décadas, hubo obstáculos judiciales, pérdida de pruebas y falta de voluntad política. Solo en los años 2000 se aceleraron las investigaciones.

• Condenas emblemáticas:

• El coronel (r) Alfonso Plazas Vega fue condenado en 2010 por desapariciones, aunque luego fue absuelto en 2015 por la Corte Suprema.
• La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2014 por violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Impacto político

• Crisis institucional: La muerte de 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia generó una ruptura en el sistema judicial. Se perdieron expedientes clave, incluyendo investigaciones contra el narcotráfico.
• Debilitamiento del poder judicial: El episodio evidenció la fragilidad de la independencia judicial frente al poder militar y político.
• Repercusiones en el proceso de paz: El fracaso del diálogo con el M-19 y la violencia del Estado marcaron un retroceso en los intentos de negociación con grupos armados.

Repercusiones sociales y de memoria

• Memoria colectiva: El holocausto del Palacio de Justicia se convirtió en símbolo de la lucha por la verdad y la justicia en Colombia.
• Movilización de familiares: Los familiares de las víctimas han liderado campañas de memoria, exigiendo justicia y reparación.
• Arte y cultura: Obras teatrales, documentales, libros y exposiciones han mantenido viva la memoria del evento.

Repercusiones sociales y de memoria

• Memoria colectiva: El holocausto del Palacio de Justicia se convirtió en símbolo de la lucha por la verdad y la justicia en Colombia.
• Movilización de familiares: Los familiares de las víctimas han liderado campañas de memoria, exigiendo justicia y reparación.
• Arte y cultura: Obras teatrales, documentales, libros y exposiciones han mantenido viva la memoria del evento.

Condena internacional

• En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por:
• Desapariciones forzadas
• Ejecuciones extrajudiciales
• Tortura
• Falta de investigación efectiva.

Militares condenados por desapariciones forzadas

Hasta 2025, tres suboficiales del Ejército Nacional han sido condenados por la desaparición forzada de tres personas durante la retoma del Palacio de Justicia:

Además de la pena privativa de libertad, se les impuso una multa de más de 2.667 millones de pesos y 20 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Procesos con absoluciones

El Coronel (r) Alfonso Plazas Vega fue condenado en 2010 por desapariciones, pero absuelto en 2015 por la Corte Suprema, que consideró que no había pruebas suficientes para mantener la condena.

General (r) Iván Ramírez Quintero, jefe de inteligencia militar en 1985, ha sido mencionado en investigaciones, pero no ha sido condenado judicialmente.

Condena internacional

Lo cierto es que a 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, persiste la impunidad en varios niveles: aún hay desaparecidos sin esclarecer, pocos condenados, y el Estado no ha asumido plenamente su responsabilidad.

Desapariciones sin resolver:

• 11 personas siguen desaparecidas, entre ellas empleados de la cafetería, visitantes y una guerrillera del M-19.
• De los 94 cuerpos recuperados oficialmente, solo 68 fueron identificados.

Aunque hay pruebas de que algunos salieron vivas del edificio, no se ha determinado su paradero ni se han identificado plenamente los responsables.

No hay claridad sobre el número total de víctimas, ni sobre lo que ocurrió con quienes salieron vivos del edificio y luego desaparecieron.

Pocas condenas

Solo tres suboficiales del Ejército han sido condenados por desaparición forzada.

Altos mandos militares como el coronel Alfonso Plazas Vega y el general Iván Ramírez Quintero no enfrentan condenas vigentes, pese a haber sido investigados.

La mayoría de los responsables políticos y militares no han sido judicializados, lo que refuerza el sentimiento de impunidad.

Falta de verdad oficial

No existe una reconstrucción oficial completa de lo ocurrido en las 28 horas de la toma y retoma.

El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana en 2014, pero las medidas de reparación han sido limitadas y lentas.

Las familias de las víctimas siguen reclamando verdad, justicia y reparación integral, sin una respuesta contundente del Estado.

Falta de verdad oficial

Aún no existe una versión oficial completa sobre lo ocurrido en las 28 horas de la toma y retoma.
El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana en 2014, pero las medidas de reparación han sido limitadas.

Las familias de las víctimas siguen reclamando verdad, justicia y reparación integral.

La impunidad en este caso no solo es judicial, sino también histórica y simbólica.

Memoria sin justicia plena

Aunque se han realizado actos conmemorativos, exposiciones y homenajes, la justicia transicional no ha logrado cerrar el caso.

La impunidad se mantiene como una herida abierta en la historia judicial y política de Colombia.

Tipificación de la desaparición forzada

El caso del Palacio de Justicia fue clave para que Colombia tipificara la desaparición forzada como delito autónomo en el Código Penal (Ley 589 de 2000).

Se reconoció que la desaparición forzada no solo ocurre en dictaduras, sino también en democracias con conflictos armados internos.

Fortalecimiento de la justicia transicional

El caso impulsó la creación de mecanismos como la Ley de Justicia y Paz (2005) y más adelante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Aunque el Palacio de Justicia no está directamente bajo la JEP, su legado ha influido en la forma en que se juzgan crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Jurisprudencia sobre responsabilidad estatal

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de 2014, estableció estándares sobre:

• Responsabilidad del Estado en desapariciones forzadas.
• Obligación de investigar, sancionar y reparar.
• Deber de preservar la memoria histórica.

Impacto en la cultura de derechos humanos

El caso se convirtió en símbolo de lucha por la verdad y la justicia, especialmente para familiares de víctimas de desaparición forzada.

Ha sido incorporado en programas educativos, obras de arte, documentales y espacios de memoria como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá.

Ha fortalecido el papel de organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Comisión Colombiana de Juristas, que han litigado casos similares.

Línea de tiempo del holocausto del Palacio de Justicia

Antes de la toma

• 1984–1985: El proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y el M-19 se rompe. El grupo guerrillero decide retomar acciones armadas.

Toma y retoma del Palacio

• 6 de noviembre de 1985, 11:30 a.m.: El M-19 irrumpe en el Palacio de Justicia con 35 guerrilleros. Retienen cerca de 300 personas.
• 6–7 de noviembre de 1985: La Fuerza Pública lanza una operación militar con tanques, fusiles y fuego indiscriminado. El edificio se incendia.
• 7 de noviembre, 2:00 p.m.: Termina la retoma. El Palacio queda destruido. Mueren 94 personas, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema.

Desapariciones y controversias

• 1985–1990s: Se denuncian desapariciones forzadas de al menos 11 personas, entre ellas empleados de la cafetería y visitantes.

• 1990s–2000s: Se inicia una larga lucha judicial por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos.

Reconocimiento judicial

• 2006: La Corte Interamericana de Derechos Humanos admite el caso.
• 2014: La Corte condena al Estado colombiano por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y falta de investigación.

Memoria y reparación

• 2015: Se inaugura el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá.
• 2020s: Se realizan actos conmemorativos anuales, con participación de las Altas Cortes, familiares y artistas.

2025: 40 años después

• 5–7 de noviembre de 2025: Se llevan a cabo homenajes, instalaciones artísticas, foros y actos solemnes. Se reafirman los mensajes de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Conclusión: Memoria viva, justicia pendiente

El holocausto del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 representa uno de los episodios más dolorosos y complejos de la historia colombiana. La toma por parte del M-19 y la violenta retoma militar dejaron cerca de 100 muertos, 11 desaparecidos y una profunda herida institucional.

A cuatro décadas de los hechos:

• La verdad sigue fragmentada, con múltiples versiones y silencios oficiales.
• La justicia ha sido parcial, con apenas tres condenas y muchos responsables sin sanción.
• La impunidad persiste, no solo en lo judicial, sino en la falta de reparación integral y reconocimiento pleno del daño.
• La memoria se mantiene viva, gracias a los familiares de las víctimas, artistas, juristas y defensores de derechos humanos que han convertido el dolor en resistencia.

Este caso no solo interpela al sistema judicial colombiano, sino también a la conciencia colectiva sobre el respeto a los derechos humanos, la independencia de la justicia y la necesidad de que nunca se repita una tragedia similar. (Este informe fue reescrito con asistencia de una inteligencia artificial).