Bogotá Judicial

Corte Suprema modifica penas de policías involucrados en alteración de escena del homicidio de grafitero Diego Felipe Becerra en 2011 en Bogotá

–La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia modificó parcialmente la condena impuesta a un grupo de uniformados de la Policía procesados por la manipulación de la escena del homicidio del joven Diego Felipe Becerra, cuando junto a un grupo de amigos pintaba grafitis en el occidente de Bogotá el 19 de agosto de 2011.

El teniente coronel (r) Nelson Jesús Arévalo Rodríguez, el subintendente Fleyber Leandro Zarabanda Payán, el sargento Juan Carlos Leal Barrero y el patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas, fueron condenados por el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de favorecimiento al homicidio y tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego. Dos de ellos presentaron recursos de casación y uno acudió a la impugnación especial.

La Sala encontró que en la condena el Tribunal se impuso dos veces la agravación de los delitos y eso como consecuencia representó una pena mayor para los procesados. En ese sentido, la Sala redosificó las penas que quedaron así: Zaravanda Payán pasó de 246 a 228 meses de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por el término de 1 año.

Leal Barrero de 246 a 240 meses de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por el término de 1 año. Y Alarcón Vargas pasó de 246 a 228 meses de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por el término de un 1 año.

La Sala rechazó peticiones de los defensores que los hechos eran competencia de la Justicia Penal Militar y la nulidad de lo actuado por infracción del principio de congruencia. Para la Corte Suprema de Justicia “la hipótesis fáctica que fundó la condena encuentra consonancia con la que planteó la delegada Fiscal en los actos de parte objeto de controversia”.

Y añadió que los hechos que les fueron imputados, esto es, la obtención de un arma de fuego y su implantación en la escena donde cayó abatido Diego Fernando «para encubrir el homicidio que sobre él cometió el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, ninguna relación tienen con las funciones que constitucional y legalmente les corresponden, más aún cuando las conductas objeto de acusación, por el contrario, resultan abiertamente opuestas a las funciones constitucionales de la fuerza pública y, por supuesto, ajenas al campo de competencia de la justicia penal militar”.

Igualmente consideró que los procesados pusieron en marcha una división mancomunada del trabajo criminal, ejercitaron distintas acciones encaminadas a obtener e implantar un arma de fuego en el lugar en donde murió el joven con el fin de encubrir el homicidio.

LOS HECHOS

A la altura de una vía cerrada, en la calle 116A con carrera 71C, el patrullero alcanzó a los jóvenes y los requisó,
sin hallar elementos indicativos de que hubiesen cometido el delito de hurto. En un descuido del uniformado, Diego Felipe Becerra emprendió de nuevo la huida. Alarcón Vargas lo persiguió y, a corta distancia, disparó su arma de dotación e impactó la humanidad del menor, quien, a pesar de haber sido trasladado con prontitud a la Clínica Shaio, cercana a ese lugar, falleció.

Luego en el lugar en el que cayó herido el joven se implantó una pistola color cromado, calibre 22, marca Sterling que no estaba en el suelo ni cerca al andén en el que cayó el adolescente, no compartía las características del arma de fuego que utilizaron los individuos que asaltaron la buseta, y aunque era apta para disparar, no se encontraba en perfecto estado de funcionamiento ni contaba con registro en el Departamento de Control de Comercio de Armas de fuego.

De igual manera, la prueba de absorción atómica realizada al cuerpo de Diego Felipe Becera dio resultados negativos para residuos de disparo y se hallaron en sus manos, simplemente, trazas de pintura que coincidían con las latas
de aerosol que portaba en su mochila al momento de los hechos, mismas que, como se determinó en la investigación,
concordaban con los grafitis que pintaba instantes antes de la persecución.

El patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas rindió explicaciones de los sucesos ante la Justicia Penal Militar. A partir de lo que allí expuso, se encontró que en la escena del hecho hizo presencia el patrullero Nelson Rodríguez Castillo, su compañero de turno, a quien Alarcón Vargas le informó que allí yacía un arma y conducía el automóvil marca Logan 17-0629 adscrito a la patrulla del cuadrante N°.6, al mando del sargento primero JUAN CARLOS LEAL BARRERO; éste,
a su vez, recibió la escena de los hechos de manos del patrullero Rodríguez Castillo y suscribió el informe de primer
respondiente.

También estuvo presente en la escena con posterioridad a la muerte del menor el patrullero Freddy Esneider
Navarrete Rodríguez, quien por instrucciones del sargento primero LEAL BARRERO acordonó la escena.

De igual manera se comprobó la presencia en el área del subteniente Rosemberg Madrid Orozco, comandante del CAI
Alhambra, quien arribó para verificar lo sucedido y, además, manifestó haber observado un elemento que al parecer tenía
las características morfológicas de un arma de fuego.

Además, se presentaron en la escena el coronel y entonces subcomandante de la Policía Metropolitana José Javier Vivas Báez y el teniente coronel NELSON JESÚS ARÉVALO RODRÍGUEZ, quién, para aquella época, era el comandante de la Estación E-11 de Suba, que, luego de haber sido levantado el cadáver del joven, hizo presencia en el lugar de los hechos junto con el patrullero Wilmer Antonio Alarcón (quien le disparó a D.F.B.L.) y mostró su «anuencia» para la «escenificación» del lugar de los hechos.

También concurrieron a la zona los policiales del CAI Alhambra Nelson Giovanni Tovar Pineda y FLEYBER LEANDRO ZARABANDA PAYÁN, quienes se encargaron de conseguir un arma de fuego y, por solicitud del asesor jurídico de la Policía Metropolitana de Bogotá, HÉCTOR HERNANDO RUIZ ECHEVERRIA (fallecido), la dispararon en el humedal Córdoba cercano al lugar de los hechos y, acto seguido, se la llevaron para que éste la limpiara y la implantara en el lugar donde fue abatida la víctima, precisamente, en el marco de la pretendida escenificación que tenía como propósito la de hacer pasar a Diego Fernando como uno de los asaltantes de la buseta y justificar, por esa vía, la razón por la que el patrullero Alarcón Vargas decidió dispararle.