–El presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta en X sobre un informe de la Contraloría General de la República advirtiendo una ejecución crítica de la Política Pública de Conectividad Digital. «La conectividad en el país es un fracaso que empieza por la transparencia en las mediciones. Hacer pasar el celular, con estar conectado a una red de banda ancha es una falsedad. La conexión implica la existencia de la red», precisó el jefe del Estado.

La Contraloría, hizo énfasis en que en Colombia hay un «exclusión digital» que «profundiza la desigualdad» y al respecto establece que «aunque en 2019 y 2020 la ejecución de la Política Pública de Conectividad Digital superó el 90%, desde 2021 cayó de forma sostenida hasta llegar a 61,40% en 2024, un nivel crítico que compromete el cierre de la brecha en el país».

El organismo de control revela que la mejora en los ingresos y en las condiciones sociales no ha implicado una integración efectiva al entorno digital, particularmente en hogares rurales y de bajos ingresos, los cuales presentan valores cercanos o superiores al 80% en el Índice de Brecha Digital de la Contraloría General de la República (IBD-CGR).

Al respecto, el primer mandatario asegura que «la política de subastas del espectro para grandes operadores, ha fracasado totalmente, incluida la que hizo Lizcano en mi gobierno» y subraya que el Ministerio de las Tecnologías, Mintic, «debe pasar a cobrar a profundidad las sanciones que la ley establece a los grandes operadores».

Advierte el jefe del Estado que es el estado mismo con proyectos como el de la fibra óptica en el rio Putumayo, que va en curso, y el de la fibra óptica marina en el oceano pacífico y mar Caribe, lo que puede aumentar cobertura.

Además señala que Mintic debe convocar ya, a un concurso de juntas de acción comunal para entregar los recursos de conectividad y ampliar cobertura. «Si los dueños de Internexa no quisieron la capitalización pública, allá ellos, se pierden una enorme oportunidad de crecer con Colombia», complementa.

Asegura que el Mintic dejó morir el programa de las juntas de internet. «Ese es un mecanismo eficaz de ampliación de cobertura y debe ser manejado directamente entre Mintic y las juntas de acción comunal, para que no se roben los recursos».

Afirma también que la operadora «Azteca debe ser investigada a fondo porque con fondos públicos tendió fibra óptica y ahora la vende a particulares».

Y puntualiza que la base de datos de la Colombianidad debe estar en manos de la Agencia Nacional Digital. «Nosotros no debemos ni por el «chiras» vender o entregar nuestra base de datos de la biodiversidad y en general de Colombia a particulares y menos a extranjeros», agrega y subraya que «Ya Colombia eficiente metió las de caminar en este tema».

Igualmente indica que «lo que estaba haciendo Internexa con Ali Baba fue un insulto directo a la presidencia; es clara mi orientación de tener una nube soberana de datos y de que se conforme un ente global multilateral de administración de las bases de datos de la humanidad y del saber humano».

Según el primer mandatario esta «es una discusión que tenemos con EEUU, China y Europa. Ni más ni menos es la discusión sobre si la inteligencia artificial nos controlará a través de hipermegamillonarios o la humanidad controlará la inteligencia artificial».

Anota además que «es la discusión de si lo que hay es una alianza blanca entre EEUU y Europa, en una civilización que excluye la propia diversidad de EEUU y Europa, o lo que debemos conseguir es un diálogo entre civilizaciones, dónde latinoamérica y el Caribe es una civilización y la civilización occidental debe ser pero entre iguales y dialogante».

Asi mismo señala que «si queremos una nueva energía limpia, no será con megadatacenter basados en petróleo, sino megadatacenter basados en que la misma inteligencia artificial sea energía inteligente, que era mi discurso en Munich pero no me alcanzó el tiempo para ir».

Y enfatiza: «Mal la USO no ayudando a que Ecopetrol haga el megadatacenter de Colombia con energías limpias. Perdieron el horizonte obrero y pasaron al negocio de la tercerización de contratistas. Por eso los cambios políticos de la USO».

A este respecto, el presidente Gustavo indica: «Mal el proletariado de la caña defendiendo los errores inmensos de los patrones. La tierra fértil debe ser para cultivar alimentos para los seres humanos, la misma clase obrera del valle del cauca se puede cooperativizar para arrendar las tierras de la caña y sembrar alimentos donde los patrones ya no puedan con el Etanol que no sirve ya para los carros porque están comprando es híbridos y, sobretodo, eléctricos».

Pronunciamiento de la Contraloría

En su informe, la Contraloría General de la República afirma que pese a los avances registrados en la expansión de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la Contraloría General de la República identificó que, mientras en 2019 y 2020 la ejecución de la Política Pública de Conectividad Digital superó el 90%, a partir de 2021 se registró una disminución sostenida, alcanzando “niveles críticos” en 2024 (61,40%). Un comportamiento asociado a la persistencia de desigualdad en el país.

Tal escenario fue dado a conocer en el estudio Índice de Brecha Digital de la CGR: fundamentos conceptuales, metodología y evidencias de convergencia territorial (2019–2024), en el que también se incluyó un análisis por proyectos que expone un desarrollo heterogéneo de la PPCD: el 48% fue clasificado como “muy crítico”, mientras que el 38% alcanzó niveles de ejecución “adecuados”, evidenciando una mayor concentración de irregularidades en iniciativas relacionadas con conectividad rural, acceso público e inclusión digital, lo que afecta directamente los resultados esperados en el cierre de la brecha.

De hecho, el IBD-CGR registró en 2024 un valor nacional de 70,73, con mayores niveles de exclusión en las regiones de la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y el Caribe. En departamentos como Vichada y Vaupés, la brecha digital superó el 85%, mientras que en Bogotá y San Andrés y Providencia (58,8% y 65,8%, respectivamente) se registraron los niveles más bajos del país.

Lo anterior se traduce en una barrera estructural para el desarrollo equitativo a raíz de los altos niveles de privación digital, principalmente en hogares rurales, grupos de menores ingresos y territorios con rezagos históricos que evidencian una brecha entre conectividad y uso efectivo de la tecnología, presentando sistemáticamente los indicadores más bajos de infraestructura, asequibilidad y habilidades digitales.

Aunque desde 2022 la brecha digital experimentó un descenso en los sectores urbano y rural (en las ciudades, la cifra pasó de 69,10% a 66,24%; mientras que en el campo disminuyó de 88,60% a 86,03%), la disparidad se sitúa actualmente en el margen de los 20 puntos porcentuales.

En este sentido, el Índice de Brecha Digital deja al descubierto una relación entre exclusión digital y desigualdad socioeconómica, desde una estructura territorial de tipo centro – periferia en la que el acceso a oportunidades digitales está condicionado por factores geográficos, económicos e institucionales.

La Contraloría advierte en su estudio que, aunque los departamentos con mayores niveles iniciales de exclusión digital han registrado reducciones relativamente más rápidas durante el periodo comprendido entre 2019 y 2024, y la dispersión entre territorios ha disminuido gradualmente, los avances han sido insuficientes para eliminar las brechas absolutas existentes.

A su vez, se subraya que el desafío no se limita únicamente a la expansión de la conectividad, dado que los principales vacíos se concentran en el desarrollo de habilidades digitales y en el uso educativo, productivo y cívico de las TIC, lo que limita el aprovechamiento de la tecnología para el aprendizaje, el acceso a servicios públicos y la generación de valor económico.

El análisis también evidencia una desconexión entre la reducción de la pobreza monetaria y la evolución de la brecha digital. Aunque los indicadores de pobreza multidimensional han mejorado tras la pandemia, registrando en 2024 el valor más bajo (11.5%) de los últimos cinco años, la exclusión digital se ha mantenido, lo que demuestra que el aumento del ingreso no garantiza, por sí solo, una integración efectiva al entorno digital.

La Contraloría General hace hincapié en la necesidad de fortalecer las políticas públicas de inclusión digital desde un enfoque multidimensional, que articule infraestructura, asequibilidad, formación en competencias digitales y uso significativo de las TIC, con énfasis en el ámbito educativo y en los territorios más rezagados. Contexto en el que herramientas de medición sistemáticas, como el IBD-CGR, facilitan la toma de decisiones, la focalización de esfuerzos y el avance hacia una inclusión digital equitativa, sostenible y alineada con los objetivos de desarrollo del país a largo plazo.