–Por no reconocer responsabilidad, la Sala de Reconocimiento de Verdad remitió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) el proceso del general (r) José Leonardo Gallego Castrillón, exdirector de la Dirección Central de Policía Judicial (DIJIN) en Bogotá, tras negarse a reconocer su responsabilidad en los crímenes cometidos en desarrollo del conflicto, entre ellos el de Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo de 2000 y otros ocurridos en la cárcel La Modelo de Bogotá entre 1999 y 2003.

Ahora, el caso será tramitado mediante un proceso adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación. Si esta decide acusarlo, el proceso continuará ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, la vía prevista para definir la responsabilidad penal cuando no hay reconocimiento. De ser vencido en juicio, el compareciente se expone a una sanción de hasta 20 años de prisión.

Esta remisión temprana a la UIA hace parte de los mecanismos previstos por la Jurisdicción para tramitar, mediante un proceso adversarial, los casos en los que, tras el contraste y valoración del material probatorio, se identifica la posible responsabilidad de comparecientes que podrían ser máximos responsables o partícipes determinantes en hechos graves y representativos y que, pese a ello, niegan su responsabilidad durante la fase dialógica ante la sala.

A esa conclusión llegaron las magistradas y el magistrado del Caso 11, que investiga la violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa, y del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares y/o terceros civiles, durante el conflicto armado.

La decisión se sustentó en las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación en su contra. Como parte del proceso que lleva esa institución, el 5 de septiembre de 2025 la Fiscalía 251 delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados lo vinculó mediante indagatoria por su presunta participación en los hechos cometidos contra la periodista Jineth Bedoya Lima, constitutivos de los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado.

El general (r) Gallego Castrillón solicitó la suspensión de la actuación ante la justicia ordinaria argumentando que se encontraba compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Por ello, fue llamado a rendir versión voluntaria por la Sala de Reconocimiento de Verdad en los casos 08 y 11. Durante la diligencia, que se llevó a cabo el 3 de febrero y el 5 de marzo de 2026, el compareciente negó cualquier tipo de responsabilidad sobre los hechos.

La resolución de remisión a la UIA se fundamentó principalmente en la contrastación y valoración de los elementos de prueba que se recaudaron en la justicia ordinaria. A partir de diversos testimonios, la Fiscalía señaló al general de haber favorecido a internos de la cárcel La Modelo pertenecientes a grupos paramilitares mediante el ingreso de armas y otros elementos prohibidos. También habría participado en el secuestro de la periodista Jineth Bedoya Lima, quien para ese momento era objeto de amenazas, hostigamientos y había publicado decenas de artículos sobre la grave situación de derechos humanos que se vivía en ese centro penitenciario.

Los hechos

A partir del año 1999, en la cárcel Modelo de Bogotá se empezó a gestar un conflicto entre internos que pertenecían a las guerrillas de las Farc-EP y el Eln e internos de grupos paramilitares que fueron trasladados de otras cárceles del país desde finales de 1998. Esta cohabitación entre contradictores agravó las condiciones de la cárcel que evidenciaban el estado de cosas inconstitucional que la Corte Constitucional declaró en 1998.

A esta grave situación se sumó el contexto de los diálogos de paz que se desarrollaban en El Caguán, que dieron mayor visibilidad y relevancia política a integrantes de las Farc-EP recluidos en ese establecimiento. Parte de las demandas del grupo guerrillero estaban relacionadas con los llamados presos políticos, muchos de los cuales se encontraban privados de la libertad en la cárcel La Modelo.

Los internos de diferentes cárceles impulsaron escenarios de defensa de sus derechos y mecanismos para fortalecer su participación dentro de los centros penitenciarios. Uno de esos mecanismos fueron las denominadas mesas de trabajo, creadas antes de 1999, que funcionaban como espacios sociales y políticos a través de los cuales los internos negociaban mejores condiciones de reclusión y presionaban cambios en la política carcelaria y criminal.

Con la llegada de líderes de grupos paramilitares, como Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha, el precario equilibrio que existía en la cárcel La Modelo se vio amenazado, pues estos grupos buscaban disputar el control político del penal. Las prebendas que habían obtenido los internos alrededor de las mesas de trabajo lideradas por las guerrillas tales como decidir las visitas, eliminar los conteos de reclusos, restringir el acceso a ciertas zonas del penal y definir la distribución de los privados de la libertad, se pusieron en disputa con integrantes de grupos paramilitares que pretendían asumir el liderazgo de esos espacios.

Esta pérdida de control por parte de las autoridades estatales de la cárcel La Modelo fue corroborada ante la JEP por William Gacharná Castro, quien fue director del centro penitenciario en 1999 y 2001. En sus aportes de verdad y en su versión voluntaria ante la JEP, el compareciente dio detalles sobre cómo las autoridades dejaron el control de la cárcel en manos de los internos y cómo se desarrollaron masacres, homicidios selectivos, torturas y desapariciones forzadas como parte de un mecanismo desplegado para que los paramilitares se tomaran el poder. Así disputaron el control a los líderes guerrilleros que hasta ese momento tenían el dominio.

Para consolidar el control paramilitar, se desarrollaron masacres, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos que dejaron al menos 101 víctimas. Las principales masacres ocurrieron entre 1999 y 2001: el 8 de diciembre de 1999 fueron asesinadas 11 personas y 7 resultaron heridas en el patio 5 del ala sur, controlado por los paramilitares; el 27 de abril de 2000 se estima que al menos 25 personas fueron asesinadas y 15 resultaron heridas; y el 2 y 3 de julio de 2001 fueron asesinadas 10 personas y 23 resultaron heridas en el patio 2 del ala norte, dominado por la guerrilla.

La grave situación de derechos humanos que se vivía en la cárcel La Modelo se agravaba por las redes criminales asociadas al tráfico de armas, municiones y explosivos que operaban al interior del penal.

Esta situación estaba siendo investigada por la periodista Jineth Bedoya Lima, del diario El Tiempo, quien había publicado alrededor de 36 artículos sobre estos hechos.

En ese contexto, de acuerdo con el material analizado, José Leonardo Gallego Castrillón fue brigadier general de la Policía. Para la época de los hechos, entre 1999 y 2000, era coronel y director de la Dirección Central de Policía Judicial (DIJIN) en Bogotá, cargo desde el cual tenía funciones específicas de apoyo al INPEC. Según testimonios recogidos por la justicia ordinaria, el compareciente habría contribuido de diversas formas a que integrantes de grupos paramilitares asumieran el control político y económico de la cárcel.

Por una parte, existen señalamientos que vinculan a Gallego Castrillón con una red de tráfico de armas que fortaleció el poder militar de ese grupo ilegal y que habría facilitado la ocurrencia de la masacre del 27 de abril de 2000. Testigos indican que el compareciente habría tenido conocimiento de la masacre y se comunicó con los responsables mientras esta ocurría. Además, señalan que, al día siguiente, durante un operativo institucional, fue observado junto a los líderes paramilitares Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha señalando a los internos que serían trasladados, lo que finalmente facilitó que la mesa de trabajo y el control del penal quedaran en manos de los paramilitares. Algunos testigos señalan que ese apoyo era retribuido con pagos.

Al menos cinco testigos indican haber visto en varias oportunidades a Gallego Castrillón ingresar de manera irregular al pabellón de alta seguridad de la cárcel, un espacio habitado por líderes paramilitares y que contaba con estrictas medidas de seguridad. Según lo dicho, la finalidad de esos ingresos era reunirse con Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha para, presuntamente, acordar o coordinar acciones delictivas.

Incluso, algunos testimonios sostienen que esa relación se enmarcaba en la presunta pertenencia de Gallego Castrillón a la banda Los Calvos, conformada por integrantes de la fuerza pública que cometían actos de piratería y secuestro, principalmente en la ruta entre Villavicencio y Bogotá. Además, hay testimonios que indican que Gallego Castrillón habría sostenido reuniones con paramilitares para la conformación del Bloque Capital.

Toda esta situación fue investigada y publicada en diversos artículos por la periodista Jineth Bedoya Lima, quien era objeto de seguimientos que, al parecer, habrían sido ordenados por miembros de organismos de inteligencia y también, presuntamente, por Gallego Castrillón, según lo denunciado por un testigo en el proceso penal ordinario. Las publicaciones de la periodista habrían sido mal recibidas por estos grupos y por autoridades implicadas en sus denuncias.

En ese contexto, Mario Jaimes Mejía, conocido como ‘El Panadero’, interno de la cárcel La Modelo y subordinado a los líderes paramilitares, contactó a Bedoya Lima para que acudiera al penal el 25 de mayo de 2000. De acuerdo con el testimonio, este llamado habría hecho parte de un plan ideado por Arroyave y Gaitán, al parecer con el compareciente Gallego Castrillón, para silenciar a la periodista.

Ese día, mientras la periodista Jineth Bedoya Lima esperaba la autorización para ingresar, fue secuestrada en la puerta de la cárcel. El hecho ocurrió en un lugar que solía contar con altos niveles de seguridad, no solo por tratarse de un centro carcelario, sino también por el casino de funcionarios que queda al frente y las medidas que tenía dispuestas Ecopetrol en la misma calle, además de tres anillos de seguridad que existían para el control y prevención de las fugas de internos. La periodista fue trasladada a una bodega cercana y posteriormente transportada por la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio, sin que ninguna autoridad interviniera. Durante estos hechos, fue víctima de secuestro, torturas y actos de violencia sexual.

La justicia ordinaria, entre 2016 y 2019, condenó por estos hechos a los paramilitares Alejandro Cárdenas Orozco (‘JJ’ o ‘John Jairo Restrepo’), Mario Jaimes Mejía (‘El Panadero’) y Jesús Emiro Pereira Rivera (‘Huevo de Pisca’ o ‘Alfonso’). A partir de sus testimonios, se probó la subordinación al grupo criminal comandando por Arroyave Ruiz y Gaitán Mahecha, recluidos en el pabellón de alta seguridad de la cárcel Modelo de Bogotá. No obstante, tal como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia que en 2021 condenó al Estado colombiano, estos hechos “no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia”.

La JEP recuerda que los casos que involucran violencias basadas en género deben investigarse con especial diligencia, de acuerdo con los estándares del derecho internacional. Por eso, en este caso concreto, y teniendo en cuenta los avances de la justicia ordinaria y la decisión del compareciente de negar responsabilidad ante la JEP frente a los señalamientos que presuntamente lo implican, la sala decidió remitir su proceso a la UIA.

De acuerdo con la magistratura, el proceso adversarial es el mecanismo adecuado para definir la situación jurídica del general (r) Gallego Castrillón y para ofrecer a las víctimas un recurso judicial en el que, con pleno respeto por el debido proceso y las garantías de todas las partes, el Estado pueda dirimir la responsabilidad penal por los hechos.

Con esta decisión, el Subcaso 2 del Caso 11 ha enviado a tres comparecientes a la UIA, y esta es la primera vez que lo hace de manera conjunta con el Caso 08. En la primera decisión se envió al compareciente Juan Pablo Sierra Daza por hechos de violencia de género ocurridos en Putumayo y, en la segunda, a Juan Carlos Galvis Cadavid por hechos de violencia de género ocurridos en La Guajira.