El Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, instalaron el primer Comité Interinstitucional de Justicia y Paz del año, que aglutina a 32 instituciones nacionales y organismos de cooperación internacional.

El propósito de esta reunión fue elevar este Comité a Alto Órgano Consultivo de Justicia Transicional para que no sólo abarque acciones relacionadas con el proceso de Justicia y Paz, sino que se encargue de diseñar políticas y hacer seguimiento de la aplicación de la Ley de Víctimas tan pronto sea aprobada en el Congreso.

Durante esta reunión también se discutieron los retos institucionales de la Ley de Desmovilizados, de modo que siga representando un incentivo a la dejación de las armas por parte de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.

El Ministro Germán Vargas Lleras sostuvo que durante la reunión “tuvimos la oportunidad de presentarles el trabajo que hemos adelantado para la implementación de la Ley de Víctimas y la atención a desplazados, un trabajo que propende por unificar criterios e instancias para que la atención a estas personas sea integral”.

“En igual forma la reunión abordó el tema de la reglamentación que el Gobierno tiene que expedir sobre la iniciativa en materia de reinsertados. Esa ley requiere ser reglamentada, y lo que hicimos en la mañana de hoy fue compartir un proyecto de reglamentación que fundamentalmente debe otorgarle instrumentos a la Fiscalía para darle cumplimiento a la ley con celeridad”, agregó el jefe de la cartera política.

Al respecto, el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, recalcó que hay que seguir en la línea de “estimular y promover la desmovilización y el desarme individual y colectivo que, como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, no niegue en ningún momento cerrar las puertas de la paz”.

Las nuevas funciones del Comité:

El Comité Consultivo será el encargado de diseñar y proyectar la política pública en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Sus funciones también estarán concentradas en diseñar un plan estratégico, hacer seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas, establecer los lineamientos para que la implementación de esta ley se haga con enfoque diferencial, garantizar que las políticas estén articuladas con el trabajo en terreno, entre otras.