A través de su cuenta en Twitter, el ex presidente Alvaro Uribe solicitó al actual mandatario, Juan Manuel Santos, que no permita la ‘venganza criminal’ contra el ex comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien será imputado por su presunta responsabilidad en la falsa desmovilización de un bloque de las Farc en 2006.

«Señor Presidente Juan Manuel Santos, haga algo por favor, no permita esta venganza criminal expresada a través de persecución política» trinó el ex mandatario por medio de su cuenta @AlvaroUribeVel.

Alvaro Uribe también arremetió contra el ministro del Interior, Germán vargas Lleras, a quien culpó de «agravar la situación» jurídica de Restrepo.

“todo se agravó por el empeño de su Ministro del Interior de cambiar la terna de la fiscalía con un mezquino ánimo político”, escribió Uribe.

Las declaraciones de Uribe se dan en madio la diligencia en que un Fiscal de la Unidad Anticorrupción le imputará cargos al excomisionado para la Paz por cuatro delitos, por su presunta responsabilidad en la falsa desmovilizacion del frente Cacica La Gaitana de las Farc.

La diligencia de imputación también cobija a los coroneles del Ejército Hugo Hernán Castellanos Girón y Jaime Joaquín Ariza, así como a Hugo Alberto Rojas Yepes, Alejandro Salazar Pacheco y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña.

La Fiscalía acusará a Restrepo por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, fraude procesal y tráfico, porte y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Se espera que el ente acusador solicite la medida de aseguramiento contra el ex funcionario, solicitud que podría ser aceptada por el juzgador.

Restrepo deberá responder por la falsa desmovilización del mencionado bloque guerrillero, para la cual se presentaron 70 personas que aseguraban hacer parte de esa organización armada. El proceso de desmovilización se registró el 7 de marzo de 2006 en el Tolima.

La investigación contra Restrepo se da luego de conocerse denuncias que afirman que el proceso obedeció a un montaje, donde el Gobierno habría pagado hasta 500 mil pesos a campesinos y desempleados para que se presentaran como guerrilleros que querían dejar las armas.