El gobierno de Estados Unidos reconoció nuevos avances en materia de derechos humanos en Colombia, pero advirtió que aún falta mucho por hacer, especialmente por el aumento de la impunidad, la corrupción y los secuestros.

En su informe, en el que relaciona la situación en el año 2011, el Departamento de Estado atribuye la impunidad a la existencia de un sistema judicial ineficiente.

«Aunque la ley prevé una judicatura independiente, el sistema se vio sobrecargado, fue ineficiente y entorpecido por los sobornos y la intimidación a jueces, fiscales y testigos», precisa el informe y agrega:

«En 2009, la ONU dijo que un alto nivel de ataques y amenazas contra el personal judicial contribuían al alto nivel de impunidad. Si bien el gobierno tomó pasos para enfrentar la situación, poco ha cambiado».

No obstante, reconoce «el trabajo del gobierno para enfrentar el clima de impunidad con respecto a la intimidación, el hostigamiento, y el asesinato de defensores de derechos humanos, periodistas, profesores y sindicalistas», al igual que la reducción de las ejecuciones extrajudiciales.

Sobre el fenómeno de la impunidad, el Departamento de Estado señala que con la implementación de la ley de Justicia y Paz a partir del 2005, se han identificado más de 53.000 crímenes, entre ellos 46.000 asesinatos, y solo se han presentado 10 condenas, de ellas 7 el año pasado.

Además destaca el caso de los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública y advierte que las investigaciones avanzan a un ritmo lento.

Al efecto, señala que desde el año 2.000 se han sancionado a unos 393 militares por ejecuciones extrajudiciales entre 4.124 implicados en 1.633 casos.

No obstante, subraya que estos crímenes se han ido reduciendo notablemente.

El informe también resalta numerosas abusos por parte de la guerrilla, paramilitares y grupos criminales, entre ellos asesinatos de civiles, secuestro, reclutamiento de menores, uso de minas antipersonales, violación de mujeres, e intimidación a miembros de la sociedad civil, como la prensa, los defensores de derechos humanos y grupos indígenas y afrocolombianos.