El fiscal delegado ante la Corte Suprema le solicitó al juez 38 de garantías que cambie el lugar de reclusión al ex alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, dado que existen riesgos de que no se presente en futuras audiencias, ante la posibilidad de salir del país debido su doble nacionalidad y su posición política, económica y social.

“La administración pública se encuentra en peligro, su posición, poder y capacidad de influenciar indican que continuaría en peligro si no se toman medidas”, explicó.

Y añadió que “ya no es el alcalde de Bogotá pero tiene influencias sobre las personas que serán testigos en su contra, quienes fueron sus subalternos y otros que hicieron parte de esa organización con la cual se cuadró de manera irregular la entrega de contratos viales”.

De otro lado, el fiscal le imputó a Moreno Rojas, los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación a favor de terceros, dentro del llamado proceso del ‘carrusel de la contratación’.

El fiscal explicó que existen pruebas documentadas y testimoniales suficientes para señalar a Samuel Moreno por su participación en acciones dirigidas a afectar el patrimonio de la capital durante su gobierno.

Según el ente investigador, el exalcalde de la capital se reunió en varias oportunidades con su hermano Iván Moreno Rojas; Álvaro Dávila; y los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez con el fin de “cuadrar” la entrega de tres multimillonarios contratos de la malla vial de Bogotá.

El Fiscal puntualizó que “entre diciembre de 2007 y mediados de 2010 se pusieron de acuerdo en cometer delitos determinados contra la función pública”, al tener en cuenta que existen elementos probatorios que permiten inferir la celebración de reuniones en el Palacio Liévano, en Miami y en las oficinas del Instituto de Desarrollo Urbano.

Y es que para la Fiscalía General, en estas reuniones se concertaron como planear una forma de entregar los contratos a cambio de una comisión que estaría entre el ocho y el seis por ciento.

El fiscal en el proceso de imputación de cargos, precisó que, “los contratistas eran contactados por los intermediarios, Emilio Tapia y Álvaro Dávila, para que estuviera seguros de presentar la licitación de unos pliegos amañados y modificados”.