La Procuraduría General de la Nación formuló un llamado al Distrito Capital para que remita los resultados del análisis que adelante la administración sobre el esquema de prestación del servicio de aseo en la capital del país, e informe a la ciudadanía en el transcurso de la próxima semana las decisiones finales sobre el modelo que entrará a regir el próximo 18 de diciembre.

En respuesta a un oficio enviado por el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado aclaró que las recomendaciones efectuadas por este órgano de control en ejercicio de su función preventiva no constituyen concepto, sino herramientas jurídicas para que el Distrito considere en su análisis final sobre el esquema de prestación del servicio de aseo en la ciudad.

El Ministerio Público invitó al Distrito a realizar un análisis sobre estado de avance del “Plan de Inclusión de la Población Recicladora” presentado a la Corte Constitucional, las razones de sus retrasos, dificultades y modificaciones, para establecer las medidas que permitan superar los obstáculos que se han presentado, seguir trabajando en su implementación y consolidar el modelo de prestación de los servicios complementarios de aseo en los componentes de recolección, transporte y transformación de residuos aprovechables a cargo de la población de recicladores.

De otra parte, recordó los mandatos constitucionales y legales sobre los que se erige el régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios, entre los que se resaltaron los referidos al papel del Estado en su prestación, los derechos a la libre empresa, la libre competencia y sus limitaciones, los derechos de los usuarios, el principio de legalidad, entre otros, además de los pronunciamientos de las altas cortes y la doctrina en torno al tema. En ese contexto se invitó al Distrito a analizar el esquema transitorio de prestación propuesto y los anuncios realizados, con el marco normativo y jurisprudencial reseñado.

A Diego Bravo, gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se solicitó precisar si se aplicaría la figura de subcontratación, los mecanismos para efectuarla, y si la misma incluye exclusividad, o si se trataría de contratos de concesión bajo urgencia manifiesta, similares a los existentes actualmente, en los que se pacten las medidas para la inclusión de la población recicladora.