–El pronunciamiento del fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre de que la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra fue “un falso positivo urbano” complicó la situación del excomandante de la Policia Metropolitana de Bogotá, general Francisco Patiño, cuyo ascenso al grado de Mayor General, define hoy la comisión segunda del Senado de la República.

Tal como lo informamos oportunamente aquí, el fiscal Monetalegre afirmó en la corporación legislativa hay indicios de que “la muerte de Diego Felipe Becerra fue un falso positivo urbano”, y reiteró que la escena del hecho “se manipuló por parte de miembros de la Policía Judicial, de la Policía Nacional”.

Sin embargo, tanto el fiscal Montealegre, como la procuradora delegada Martha Castañeda, explicaron que actualmente no existe una imputación de cargos, ni investigación disciplinaria que impida el ascenso del general Patiño.

No obstante, los congresistas expresaron sus reservas frente a las actuaciones del oficial en el caso específico del grafitero, que, como se recuerda, fue muerto de un disparo por la espalda por parte de un patrullero al norte de la capital de la república.

El senador del partido de la U, Juan Lozano dijo que se requiere que la Policía, de cara al país, reconozca que cometió un error al enlodar la honra de Diego Felipe y explicó que debería proceder una figura que permita aplazar un ascenso.

A su turno, el senador del Polo Democrático, Camilo Romero pidió que las instituciones asuman su responsabilidad en el caso y exhortó a sus compañeros para hacer un juicio político.

En esta sesión fueron escuchados los padres de Diego Felipe, quienes expresaron que la Policía le violó el derecho a la vida y el derecho de presunción de inocencia a su hijo y que han tenido que luchar para devolvérsela. Pidieron se haga una rectificación sobre lo dicho por la Policía.

La ponente del ascenso del General, la senadora del partido conservador Myriam Paredes, expresó, sin embargo:
«Nosotros no podemos oponernos a este ascenso, por que estaremos violando el derecho de presunción de inocencia, démosle la oportunidad, no dañemos el nombre de una persona, una institución y el entorno de su familia».
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La procuradora Martha Castañeda, explicó que en este momento en este ente de control no existe investigación rutinaria como condicionante, impedimento, o restricción legal para que no pueda suceder el ascenso y agregó que «la apertura de indagación preliminar, bajo la óptica del derecho fraccionador disciplinario no penal, no constituye impedimento legal para aspirar al ascenso de brigadier general Patiño a Mayor General».

Expresó que esta intervención no constituye en modo alguno una recomendación para que el Senado apruebe el ascenso del general Patiño, «estamos solo para responder a una pregunta en el marco de su ascenso, la Procuraduría adelantó la investigación pertinente y emitió los fallos de los uniformados involucrados en el caso», puntualizó la delegada de la Procuraduría.

De igual manera, el fiscal Luis Eduardo Montealegre dijo que este ente no cuenta con ningún elemento probatorio serio para formular una imputación en contra del general Patiño por su presunta participación en los hechos.

«Hoy no podemos afirmar que existan indicios graves, testimonios o evidencias que comprometan la responsabilidad del general Patiño, como para impartir que formó parte de esa estructura delictiva que suplanto las pruebas en la muerte de Diego Felipe», afirmó el Fiscal.

«Debo expresar que jurídicamente el hecho de que se allá empezado una investigación preliminar contra un alto oficial no genera perce una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas o para el ascenso de su carrera en la policía» agregó Montealegre.

El fiscal también anunció que en el mes de julio esta entidad anunciara delitos graves en contra de uniformados investigados.

El general Francisco Patiño se defendió y negó haber interferido la investigación contra el patrullero responsable de la muerte del grafitero Diego Felipe Becerraa.

«Reconozco que todos debemos someternos al estado social de derecho, pero son los jueces quienes deben juzgarnos y no es cierto que yo haya motivado acciones para interferir en una investigación», señaló el oficial, tras advertir que lleva 33 años de servirle a la institución.