El Consejo de Estado resolvió que las estaciones de policía deberán estar alejadas de casos urbanos para que los atentados terroristas de grupos como las Farc, no pongan en riesgo la vida de civiles que allí habiten.

La desición se tomó tras una demanda contra la Policía Nacional, impuesta por los daños que sufrieron la iglesia, la casa cural y el colegio la Inmaculada de Puerto Rondón (Arauca), durante las tomas guerrilleras de marzo, septiembre y diciembre de 1999.

Mediante una ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, la sección Tercera indicó que el Estado debe proteger de manera especial los bienes inmuebles de las iglesias, “proteger el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa y cumplir con los compromisos asumidos en los instrumentos internacionales” cita el escrito.

La ponenecia también agrega que, “Debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles”, precisa la sentencia.

Guerrero además puntualiza que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la prioridad y obligación del Estado de adoptar medidas de protección y prevención en situaciones de conflicto armado, por lo que su omisión puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado.

Por otro lado, para el Tribunal, la Policía Nacional debe responder por los daños causados a la diócesis de Arauca por los ataques de la guerrilla.