En el informe entregado este lunes por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las Naciones Unidas reconocieron los esfuerzos del Gobierno colombiano para alcanzar una paz sostenible, pero recomendó que los grupos armados ilegales Farc y Eln “deben respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario con respecto a las infraestructuras civiles y la población civil”.
Frente al tema del postconflicto, la Onu aseguró que a fin de llegar a esta instancia, la cárcel no puede ser el único imperativo para los responsables de delitos de los grupos armados, sino el reconocimiento de responsabilidades y garantías de arrepentimiento.
“A fin de avanzar hacia un escenario de posconflicto, Colombia debe desarrollar medidas judiciales y no judiciales para que la sociedad en su conjunto haga frente a las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas en el pasado”, afirmó el documento.
Sin embargo, en el informe aclara que estas alternativas no aplica la amnistía para el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves a los derechos humanos.
“Este proceso no puede ser perfecto, pero es necesario maximizar los derechos de las víctimas y las transformaciones para evitar violaciones en un futuro”, afirmó Todd Howland, representante en Colombia de la ONU.
Guillermo Rivera, consejero presidencial para los derechos humanos, agradeció a la ONU las recomendaciones y reconoció los esfuerzos del Gobierno por garantizar los derechos de las víctimas.
Por otro lado, el informe comentó que Colombia no registró casos de falsos positivos en el 2014, pero sí registró otros casos en los que las “Fuerzas Armadas intentaron mostrar a víctimas de ejecuciones arbitrarias como bajas enemigas en combate o reorganizaron la escena de los hechos para simular legítima defensa”.
Finalmente, las Naciones Unidas le hicieron un llamado a la Fiscalía General para que adopte una investigación a profundidad que determine las responsabilidades e intereses en los casos de ejecuciones extrajudiciales.
