Varios familiares de los 129 colombianos detenidos en China por narcotráfico hicieron un llamado este martes al Gobierno Nacional para que se realice un acuerdo de repatriación de los presos, ya que advirtieron que están en riesgo de ser condenados a la pena de muerte.
Por su parte, la senadora Teresita García, promotora de un debate sobre el tema, comentó que es hora de que el Gobierno examine las diferentes situaciones por las que atraviesan los colombianos privados de la libertad en países como en China.
“Les hago un llamado en primer lugar a autoridades como la Presidencia, Cancillería, Migración Colombia, Policía Nacional, otras que tengan competencia y los mismos medios de comunicación, para que hagan un mayor esfuerzo en la prevención de la comisión del delito por medio de campañas que sensibilicen a las personas vulnerables a involucrarse en este tipo de delitos”, afirmó la senadora García.
De acuerdo con la senadora, el idioma es uno de los grandes inconvenientes para el detenido, ya que lo ponen a firmar documentos que no entiende, sin ni siquiera saber si lo que está firmando es la aceptación de una sentencia a muerte.
El Vicecanciller Francisco Echeverry, aseguró que la Cancillería tiene el interés en realizar un acuerdo de repatriación de los colombianos presos en China.
“La Cancillería está a través de la Embajada de Beijing, y sus cuatro consulados en China, presentando notas a las autoridades, para expresarles el trato que están recibiendo los connacionales en los centros penitenciarios de ese país», señaló Echeverry, en la Comisión Segunda del Senado, donde se debate este tema.
Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que el encargado de realizar el proceso de repatriación de personas condenadas es el Ministerio de Justicia, mediante un canje entre los dos gobiernos.
Seguidamente, la Cancillería explicó que para realizar una repatriación de carácter humanitario, la Comisión Intersectorial para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos a cargo del Ministerio de Justicia fijó una serie de condiciones a tener en cuenta como enfermedades graves, ser mayor de 65 años o demostrar estado de invalidez.
