–Profunda preocupación expresó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH–, frente a la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, donde durante los 9 primeros meses del año fueron asesinados 30 y otros 20 fueron objeto de tentativas de homicidio.

De acuerdo con un comunicado emitido por la organización internacional, estas cifras demuestran la persistencia de un entorno inseguro y hostil para el ejercicio de la labor de los defensores de derechos humanos en el territorio colombiano.

Con estos casos, este año se ha superando el promedio de homicidios de defensores de derechos humanos que se venía registrando en los últimos 20 años, destaca la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, que reseña que desde 1997 viene haciendo un seguimiento a los ataques y agresiones que afectan a los defensores de derechos humanos, en un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y las organizaciones de la sociedad civil.

Añade que se logró consolidar un listado de 729 homicidios de defensores de derechos humanos, ocurridos entre 1994 y 2015, lo que indica un promedio anual de 33 asesinatos. Además advierte que casi todos estos hechos permanecen en la impunidad.

En el comunicado, el organismo hace además las siguiente precisiones:

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por los homicidios de John Jairo Ramírez Olaya, líder afrodescendiente de Buenaventura (Valle); Daniel Abril, dirigente ambiental y campesino en la región de la Orinoquía, y Luis Francisco Hernández González, representante de víctimas en Tierralta (Córdoba).

John Jairo Ramírez pertenecía a la Fundación “Rostros y Huellas”, organización que, entre otras cosas, realiza acciones de empoderamiento juvenil que permiten hacerle frente a la grave situación humanitaria que atraviesa Buenaventura, en donde niños, jóvenes y mujeres son víctimas frecuentes. Daniel Abril era integrante del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta y de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), así como delegado por el departamento de Casanare ante la Mesa Nacional de Garantías; recientemente, se había destacado por su participación en distintos foros públicos sobre medio ambiente y derechos humanos, en los cuales denunció los daños ambientales generados por la industria extractiva presente en la zona. Y Luis Francisco Hernández integraba la Mesa Municipal de Víctimas de Tierralta (Córdoba), en calidad de representante de las comunidades afrodescendientes.

Aunque distintos representantes del Estado colombiano han reconocido la importancia del rol de los defensores en la construcción de una sociedad más democrática e igualitaria, aspecto de especial relevancia para la construcción de una paz duradera, el alto número de asesinatos, así como la ocurrencia de otras agresiones graves en su contra, evidencia que la respuesta estatal para garantizar efectivamente su derecho a la vida, la integridad personal y el ejercicio libre de su labor ha sido insuficiente.

La Oficina urge a las distintas entidades estatales encargadas de la protección de los defensores de derechos humanos para que implementen medidas materiales y políticas que sean efectivas para prevenir y mitigar el riesgo en el cual desarrollan sus actividades y la repetición de estos hechos.

Adicionalmente, insta a la Fuerza Pública a redoblar sus esfuerzos para desactivar todas las formas de criminalidad que constituyen un riesgo para la importante labor de los defensores y defensoras en el país. Finalmente, exhorta a la Fiscalía General de la Nación para que avance eficazmente en las investigaciones que permitan identificar y sancionar a los responsables de los homicidios cometidos en su contra, incluyendo los de John Jairo Ramírez Olaya, Daniel Abril y Luis Francisco Hernández González.