La Corte Constitucional ordenó este viernes al ICBF pagarle el salario de pensión a 106 madres comunitarias que laboran con la entidad desde 1988, la suma podría ascender a 1.4 billones de pesos.

La edad promedio de estas madres es de 75 años, por lo que el Alto Tribunal consideró que al no recibir el pago durante todo este tiempo el ICBF estaba incurre en: «un trato discriminatorio de género (…) peses a la existencia de la garantía constitucional de prohibición de discriminación de género en el trabajo».

El tribunal llamó la atención del ICBF para que mejore las condiciones sociales y laborales de las madres comunitarias, en especial a la mujer es de la tercera edad.

Con la decisión de la Corte, otras madres comunitarias podrán acercarse a la justicia y pelear por su derecho a la pensión de vejez.

Las mujeres beneficiadas con la decisión, comenzaron su labor de manera solidaria, sin derecho a prestaciones laborales y solamente desde el año 2014 reciben una remuneración por parte del Estado colombiano.