Desde este sábado 4 de febrero comenzará a aplicarse en el país la normativa que permite al Gobierno Nacional apoderarse de los órganos y tejidos de los colombianos en el momento de su fallecimiento, esto con el propósito de fortalecer los bancos de órganos existentes y favorecer los casi tres mil pacientes que esperan un donante en todo el territorio nacional.

Se trata de la ley 1805 que tuvo su aprobación en el Congreso de la República en agosto pasado y que fue ratificada por el presidente Santos, en la que se estipula que solo podrá dejar de aplicarse en casos en el que los fallecidos hubieran dejado en vida un documento, autenticado ante Notaría y registrado en el Instituto Nacional de Salud, en el que se exprese su voluntad de no ser donante de órganos.

Sin la existencia de este documento, los médicos deberán retirar del cuerpo los órganos aptos para ser donados, y las familias del fallecido no podrán oponerse, porque según la norma: “la voluntad de donación expresada en vida por una persona solo puede ser revocada por ella misma y no podrá ser sustituida por sus deudos y/o familiares”.

Y agrega que los tejidos conseguidos por dicho medio para el banco de órganos, no podrán ser donados a ciudadanos de otras nacionalidades.