Fiscalía enjuicia a 7 exfuncionarios y contratistas por corrupción en remodelación del Estadio Plazas Alcid de Neiva
La fiscalía estableció que la investigación evidenció que, pese a las recomendaciones técnicas, se suscribió un contrato de obra pública para la remodelación y refuerzo arquitectónico y estructural del Estadio Guillermo Plazas Alcid, y a través de diversos contratos celebrados un tercero se habría apropiado de recursos públicos por una cuantía cercana a los 25 mil millones de pesos.
Los acusados por estos hechos de corrupción son los siguientes:
1. Pedro Hernán Suárez Trujillo, exalcalde de Neiva
2. Carlos Alberto Ramos Parrací, exdirector de Deportes de Neiva
3. Carlos Fernando Puentes Ramírez, exjefe de Contratación
4. Mauricio Vargas Cuéllar, curador primero de Neiva
5. Erika Johana Fernández Figueroa, representante legal del Consorcio Diseños Estadio
6. Miguel Alejandro Lozano Castañeda, representante legal de Consorcio Estadio 2014
7. Gustavo Adolfo Arboleda Alvarez, contratista representante legal de la Unión Temporal Neiva 2012.
Los procesados deberán responder por peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
Los investigadores encontraron que la obra inició con diseños y estudios incompletos, y presupuestos variados y desfasados. Además, los estudios de vulnerabilidad sísmica eran obsoletos y no se hizo el reforzamiento estructural necesario que garantizara la seguridad de la obra.
La Fiscalía evidenció que apenas fueron invertidos dos millones cincuenta y cinco mil pesos ($2’000.000), del presupuesto inicial establecido que superaba los dos mil millones de pesos ($2.000.000.000).
Todas estas anomalías habrían generado el colapso de la estructura en el año 2016, la cual dejó 13 víctimas, cuatro de ellas obreros que murieron y nueve más que resultaron heridos.
Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación avanza en dos investigaciones penales. La primera, por las irregularidades en la contratación y, la segunda, por los homicidios y las lesiones.
