La primera ministra Theresa May sufrió otra histórica derrota a manos de los diputados británicos de su controvertido acuerdo de Brexit, que, tras un masivo rechazo parlamentario en enero, había intentado resucitar renegociando su punto más conflictivo con Bruselas.

A solo dos semanas y media de la fecha en que Reino Unido debe abandonar la Unión Europea, el 29 de marzo, los diputados rechazaron este «acuerdo mejorado» por 242 votos a favor y 391 en contra.

Es un nuevo revés histórico al tratado que debía poner fin a 46 años de integración británica en el bloque europeo, aunque inferior a la humillante derrota que May sufrió en enero cuando 432 diputados votaron en su contra y 202 a favor.

En la apertura de cinco horas de debate parlamentario, la primera ministra conservadora, visiblemente cansada y terriblemente afónica, había advertido de que en caso de rechazo el país se «arriesga a un Brexit sin acuerdo o a ningún Brexit».

May intentó salvar el texto, un extenso conjunto de 585 páginas fruto de año y medio de arduas negociaciones, literalmente hasta última hora.

Al borde de la medianoche, ella y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, habían anunciado en Estrasburgo, en el noreste de Francia, acuerdos de último minuto sobre su punto más conflictivo, la «salvaguarda irlandesa».

Pero estos no bastaron para calmar los temores de muchos diputados. Un influyente grupo de legisladores euroescépticos, que incluyen al jefe de filas del partido unionista norirlandés DUP -aliado clave de May en el Parlamento-, habían recomendado votar en su contra tras analizar su contenido.

Pesó en su decisión la opinión legal del fiscal general Geoffrey Cox, encargado de aconsejar jurídicamente al gobierno y que participó personalmente en los últimos días de las negociaciones en Bruselas.

En un informe publicado por la mañana, Cox reconoció que los nuevos agregados al Tratado de Retirada «reducen el riesgo» de que Reino Unido se vea «indefinida e involuntariamente» atrapado en una unión aduanera con la UE.

Pero «los riesgos jurídicos siguen sin cambios», sentenció echando un jarro de agua fría sobre la reavivada esperanza de que esta vez el acuerdo sí fuese aprobado.

La denominada «salvaguarda irlandesa» busca evitar la reinstauración de una frontera física entre la República de Irlanda -país miembro de la UE- y la provincia británica de Irlanda del Norte para proteger el frágil Acuerdo de Paz de 1998. Pero los diputados euroescépticos en el Partido Conservador de May temen que deje, de hecho, al país atrapado indefinidamente en las redes europeas.