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    Comisión del alto Gobierno busca frenar la violencia en protesta en el Caguán; Petro pide a la Cruz Roja atender a policías retenidos

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Mientras que la comisión del alto gobierno que envió la víspera espera este viernes iniciar la búsqueda de una solución dialogada a la grave situación de orden público provocada por la toma de instalaciones petroleras en el municipio de San Vicente del Caguán por campesinos e indígenas, el presidente Gustavo Petro pidió a la Cruz Roja hacer presencia en el lugar para atender humanitariamente a los policías secuestrados por los manifestantes.


    «Espero de las personas retenedoras la liberación unilateral de los funcionarios del gobierno antes de que se propicie una nueva escalada de violencia», precisó el jefe del Estado en su cuenta en Twitter.

    Además el primer mandatario trinó:

    «Es la Paz el objetivo del Pueblo, no destruyan su posibilidad», complemento el jefe del Estado.

    Este jueves en desarrollo de violentos hechos promovidos por encapuchados fueron secuestrados 78 policías y uno de ellos fue asesinado, así como un civil, en el marco de la toma realizada por indígenas y campesinos a las instalaciones de la empresa petrolera Esmerald Energy, ubicadas en la vereda Los Pozos, del municipio San Vicente del Cagúan, en el departamento del Caquetá.

    El ministro de Defensa, Iván Velásquez, condenó los hechos:

    La Fiscalía General de la Nación anunció las investigaciones de rigor sobre estos hechos:

    Por su parte, la Procuraduría General de la Nación advirtió que oportunamente, desde el pasado 20 de febrero, había lanzado al Gobierno Nacional una alerta sobre la situación que se podría presentar en el municipio del Caguán cuando solicitó al Alto Comisionado para La Paz, Iván Danilo Rueda Rodríguez, estudiar la posibilidad de intervenir desde el grupo trabajo de legalidad y convivencia, con acciones tendientes a promover, desarrollar e incentivar escenarios de participación y procesos de diálogo ante este conflicto.

    Recordó que en esa misma fecha requirió a la viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, Lilia Clemencia Solano Ramírez, para que desde el Ministerio del Interior, coordinara la conformación de una comisión de alto nivel, con conocimiento del contexto regional e idoneidad que propendiera por el dialogo social.

    En su misiva, la Procuraduría también advirtió sobre el descontento generalizado por la presencia de personal de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), y la presunta movilización de comunidades que se sumarían a esta protesta, agudizando esta situación humanitaria.

    Adicionalmente, señaló que los líderes y voceros no consideraban como interlocutor válido a los delegados actuales del alto nivel de la rama ejecutiva, situación que afectaba las posibilidades para dar continuidad a un diálogo asertivo con estas comunidades.

    De otra parte, el ente de control solicitó en el mes de febrero al alcalde de San Vicente del Caguán revisar la posibilidad de activar el Puesto de Mando Unificado por la vida para diseñar y poner en marcha los planes de contingencia necesarios para responder a las situaciones que se vienen presentando.

    Además, se requirió al mandatario para que coordinara la logística necesaria para garantizar la presencia permanente de agentes del Ministerio Público en la región de Los Pozos como observadores y garantes de los derechos humanos.

    Por último, llamó la atención sobre la posibilidad de activar el Equipo de Acción Inmediata (EAI) para disponer de acciones de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, por parte de grupos armados, según se requiera.

    Finalmente, a través de otras comunicaciones dirigidas a los secretarios de Salud y Educación de Caquetá, la Procuraduría solicitó que se estudiara, adoptara y coordinara, en caso de ser necesarias, acciones tendientes a evitar la materialización de riesgos que afecten a las comunidades y a la población escolar del sector de los pozos.

    A propósito de la situación derivada de la protesta en el Caguán, la Defensoría del Pueblo expresó su disposición para servir como mediadora y canal de diálogo para solucionar la crisis y prevenir que sigan ocurriendo hechos de violencia, como los ocurridos en las últimas horas.

    El jefe del organismo humanitario, Carlos Camargo Assis, consideró lamentable que, en el marco de las protestas sociales, hayan dejado un policía y un campesino muertos, varios policías con restricción de la movilidad y varios heridos.

    «Las acciones violentas y las vías de hecho solo generan más violencia y no facilitan los espacios de diálogo entre las partes para encontrar acuerdos”, señaló.

    Advirtió que la Defensoría del Pueblo, a través del equipo en territorio de la Regional Caquetá y de la Delegada para la Prevención de la Conflictividad Social, ha hecho seguimiento a las protestas y bloqueos de los campesinos e indígenas en las instalaciones de la empresa Emerald Energy.

    Los actos violentos se iniciaron en la madrugada de ayer cuando fueron lanzadas bombas molotov provocando un ncendio en las instalaciones petroleras, lo que causó enfrentamientos entre parte de la comunidad y las autoridades de policía y militares, indicó Camargo Assis.

    A juicio del Defensor del Pueblo, la prioridad es la protección al derecho a la vida, que no se vean perjudicados los habitantes de la región, ni los integrantes de la fuerza pública, autoridades civiles o trabajadores de la empresa privada.

    “En la Defensoría del Pueblo podemos aplicar instrumentos y protocolos que orienten las etapas de prevención y transformación de la conflictividad, la convivencia, la reconciliación y el seguimiento de los posibles acuerdos, todo con un enfoque de derechos humanos, diferencial y territorial según las características de la población como, en este caso, de los campesinos en Los Pozos”, concluyó Carlos Camargo Assis.

    Ariel Cabrera
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