–La Defensoría del Pueblo reportó que los hechos violentos de los grupos armados ilegales en el país se duplicaron durante un mes en medio del cese al fuego bilateral decretado por el presidente Gustavo Petro.

Entre el 18 de febrero y el 17 de marzo del 2023 ocurrieron cuatro acciones bélicas directas en el Valle del Cauca, Huila y Cauca (en este último dos casos). Además, ocho confrontaciones armadas en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Antioquia, que generaron afectaciones humanitarias para las comunidades como confinamientos y desplazamientos forzados, entre otros.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis estableció que en un mes pasaron de 16 a 32 los hechos violentos que generaron vulneraciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y trasgresiones al cese al fuego por parte de algunos de los 4 grupos armados ilegales que se habían acogido al decreto expedido por el Gobierno arrancando este año, además de causar graves daños a las comunidades.

Añadió que estos hechos «me obligan a decirles a estos grupos armados que se nos agotó la paciencia. Los colombianos esperamos que cumplan con los anhelos de paz que tenemos desde hace años”.

Camargo Assis llamó la atención especialmente sobre los casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes con pertenencia étnica indígena en Caquetá, Meta, Bolívar Amazonas y Putumayo, así como de otros de desapariciones forzadas, violencia sexual, atentados, restricciones a la movilidad y la libertad y desplazamientos forzados, entre otros, en Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Meta.

De otro lado, destacó hechos violentos contra personas en proceso de reincorporación, particularmente en Meta, Antioquia, Vaupés y Cauca.

Recordó que el 31 de diciembre de 2022, el Ministerio de Defensa Nacional expidió los decretos 2656, 2658, 2659 y 26601, por medio de los cuales dicha cartera decretó el cese al fuego bilateral y temporal de carácter Nacional con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP allí denominadas ‘Estado Mayor Central’, ‘Segunda Marquetalia’ ‘CDF-EB’ (Comandos de la Frontera Ejército Bolivariano) y la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico SM’.

Aunque este tercer boletín de la Defensoría del Pueblo se emite con la información previa a la suspensión por parte del Presidente de la República del cese al fuego con el clan del golfo, las cifras y datos recogidos por la Defensoría del Pueblo ya evidenciaban el incumplimiento por parte de grupos armados ilegales a los parámetros de un cese al fuego.

Camargo Assis advirtió que «el Estado debe actuar con contundencia y sin vacilaciones frente a las acciones violentas de los grupos armados ilegales, el tiempo ya se les acabó y se agotó la paciencia”.

Añadio que el Estado debe mantener las puertas abiertas para dialogar con los grupos armados ilegales y buscar poner fin a la violencia que generan. Sin embargo, subrayó, no se puede poner en riesgo la institucionalidad ni la seguridad de los ciudadanos.

«Hay que destacar la valentía del Gobierno al decretar un cese en medio del conflicto, en medio de las disputas por los territorios, pero no hubo la misma generosidad de los grupos armados», agregó.

Finalmente destacó que solo las Fuerzas Armadas respetaron el cese bilateral «por lo tanto reclamo de los grupos armados ilegales verdaderos gestos de paz y que no se burle el anhelo de paz que tienen los colombianos”.