Nacional

Procuraduría conmina al canciller Leyva Durán a cumplir la orden de retirarse temporalmente del cargo

–La Procuraduría General de la Nación, en un auto firmado por su delegado Ernesto Jesús Espinosa Jiménez, conminó este viernes al canciller Álvaro Leyva Duran a dar cumplimiento a la sanción que le impuso y separarse del cargo.

Tras señalar que “en virtud de las múltiples noticias registradas por medios nacionales, se tiene conocimiento de que el disciplinable, a la fecha, no ha dado cumplimiento a la orden de suspensión provisional impartida por la Sala Disciplinaria de Instrucción mediante auto del 24 de enero de 2024, el auto del procurador delegado precisa:

“REQUERIR al disciplinable Álvaro Leyva Durán para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código General Disciplinario, y lo precisado por la Corte Constitucional en la sentencia C-450 de 2003, proceda de manera inmediata a dar cumplimiento a la orden de suspensión provisional decretada el 24 de enero de 2024 y cesar en el ejercicio de las funciones”.

Como es ampliamente sabido, la Procuraduría sancionó al canciller Leyva Durán con una suspensión de 3 meses del cargo por las irregularidades en que incurrió con la licitación para la elaboración de pasaportes, una de ellas al declarar desierta la licitación, sin tener facultades para ello; otra, al decretar la urgencia manifiesta para contratar la expedición de los documentos por un año y finalmente, por no acatar y ni siquiera escuchar las recomendaciones de la Agencia de Defensa Jurídica y del Comité de Contratación de la Cancillería de llegar a una conciliación con Thomas Greg & Sons, que había ganado la licitación con un resultado perfecto de 1.000 puntos.

Mientras tanto, el Viceprocurador General de la Nación , Silvano Gómez Strauch, advirtió que el abierto desacato del Presidente de la República, Gustavo Petro, y del Canciller, Álvaro Leyva Durán, a la decisión adoptada por el órgano de control en una investigación disciplinaria atenta contra el Estado de Derecho, la Constitución y la ley, sienta un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional.

“Nuestra Constitución Política establece un marco imperativo que rige la estructura del Estado y la designación de sus autoridades y órganos de control. Por lo tanto, estas, actuando en representación de los ciudadanos, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Carta Política y las leyes, pues ese es el fundamento sobre el cual descansa el Estado de Derecho”, expresó .

Agregó que si esas mismas autoridades elegidas democráticamente desvían su conducta de esos principios, debilitan la Constitución, erosionan las bases de su legitimidad, entran en el ámbito de la arbitrariedad y en el deterioro del orden jurídico.

“La Procuraduría General de la Nación ratifica que, como órgano de control y representante de la sociedad, es la responsable de la defensa del ordenamiento jurídico y de su acatamiento por parte de todos los servidores públicos”, puntualizó.