–La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana de inminencia 005-2025, previniendo sobre el alto riesgo que enfrenta la población civil en tres municipios del departamento del Cesar, debido a la disputa entre el autodenominado frente de guerra nororiental del Eln y las disidencias de las Farc.

Los municipios afectados son La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego, en el departamento del Cesar, en los cuales el organismo de control humanitario identifica, entre otros, los siguientes riesgos:

– Niñas, niños y adolescentes están expuestos a ser reclutados, usados y utilizados por grupos armados ilegales

– Líderes y lideresas comunales, defensores y defensoras de derechos humanos, firmantes de paz y sus familias pueden ser objeto de presiones, intimidaciones y violencia.

– Las mujeres enfrentan riesgos específicos, como violencia basada en género y exclusión económica.

La Defensoría del Pueblo insta a las autoridades nacionales y locales a tomar medidas urgentes para proteger a la población y garantizar sus derechos.

La guerra regional, por el control del narcotráfico y la minería ilegal, además de la extorsión y otros delitos, la libra el autodenominado frente de guerra nororiental «Manuel Pérez Martínez», nombre del cura fundador de la agrupación, con las disidencias de las Farc llamadas estado mayor de bloques y frentes [EMBF), el bloque Magdalena Medio «Gentil Duarte», compuesto por el frente 19 Simón Trinidad y la columna móvil Bernardo Jaramillo Ossa.

El epicentro del conflicto, según la Defensoría, está en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación llamado también Simón Trinidad, ubicado en la vereda Tierra Grata (límites entre los corregimientos Sabanas de León y San José de Oriente).

Allí están residencias firmantes de paz en proceso de reincorporación, sus familias y formas organizativas.

En su alerta temprana, la Defensoría formula las siguientes recomendaciones:

Cinco ejes temáticos:

• Medidas de disuasión, control y mitigación del contexto de amenaza.
• Medidas de prevención y protección.
• Judicialización y acceso a la justicia.
• Medidas de asistencia y atención humanitaria.
• Medidas de acompañamiento del Ministerio Público a la gestión preventiva del riesgo.