El presidente  Gustavo Petro ordenó de manera categórica que ninguna base o guarnición militar del país sea habilitada como sede para la investidura del mandatario electo, Abelardo de la Espriella. La directriz, emitida desde Bogotá y confirmada por la Presidencia, se fundamenta en que Petro conserva el mando supremo de las Fuerzas Militares hasta el momento exacto en que su sucesor preste juramento. Además, el gobierno actual argumenta que el acto protocolario de transición de mando debe realizarse, por mandato constitucional, ante el pleno del Congreso de la República.

La controversia institucional comenzó cuando el equipo del gobierno entrante manifestó su intención de realizar la ceremonia fuera de la tradicional Plaza de Bolívar, apuntando hacia un recinto castrense. En medio de estas gestiones logísticas, el presidente electo habría solicitado al actual Gobierno la autorización para realizar visitas previas de inspección a instalaciones estratégicas como el Fuerte Militar de Tolemaida, la Vigésima Novena Brigada ubicada en Popayán y el Cantón Militar Pichincha en la ciudad de Cali.

Frente a esta solicitud, la respuesta del actual jefe de Estado fue tajante y se sustentó en los estatutos constitucionales vigentes. A través de sus canales de comunicación, Petro advirtió que los cuarteles militares y policiales permanecen bajo sus órdenes exclusivas, agregando que, por jerarquía y protocolo, ningún oficial activo de las instituciones armadas puede rendir el respectivo saludo militar a un civil hasta que este asuma oficialmente su papel de comandante en jefe tras el juramento.

En términos procedimentales, el Ejecutivo saliente aclaró que no tiene la potestad de aprobar un cambio de locación para esta ceremonia de Estado, ya que es una competencia de fuero estrictamente legislativo. Si la administración entrante insiste en trasladar el evento a una guarnición, la decisión final no recaerá en la Casa de Nariño. Deberán ser el Senado y la Cámara de Representantes quienes debatan y aprueben, mediante votación mayoritaria, un traslado excepcional de sus sesiones para investir al nuevo presidente en una locación distinta al Capitolio Nacional.

Por el momento, ni el presidente electo ni su equipo de empalme han emitido un comunicado definitivo confirmando si acatarán el protocolo habitual en el centro del poder político de la capital, o si procederán a radicar la proposición formal ante las mesas directivas del legislativo. Entretanto, la iniciativa ha generado un amplio debate en los sectores políticos nacionales, donde se cuestionan tanto los altos costos logísticos que implicaría movilizar el andamiaje del Estado hacia un complejo militar, como el mensaje simbólico que representa buscar una ruptura en las convenciones democráticas históricas del país.