–El Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella rechazó la intención del Gobierno saliente de promover una nueva reforma tributaria para trasladarles a los colombianos el costo de cuatro años de desorden fiscal, endeudamiento y manejo irresponsable de los recursos públicos.

El Gobierno electo reafirmó que, a partir del 7 de agosto, impulsará una política económica basada en la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto público y el crecimiento, con el propósito de recuperar la confianza, fortalecer la producción y administrar con responsabilidad los recursos de todos los colombianos.

«Resulta inaceptable que quienes condujeron al país a un deterioro sin precedentes de las finanzas públicas
pretendan ahora que sean los ciudadanos, las familias, los emprendedores y los sectores productivos
quienes asuman las consecuencias de esa gestión», advirtió en un comunicado.

Advierte que la crisis fiscal que hoy enfrenta Colombia no es producto de los colombianos, sino de decisiones
equivocadas que comprometieron la estabilidad económica del país.

«Pretender resolver ese problema mediante una nueva carga tributaria, constituye una falta de respeto con millones de ciudadanos que ya soportan el impacto de la desaceleración económica, el aumento del costo de vida y la incertidumbre
generada durante los últimos años», subrayó.

Agregó que eI país necesita recuperar la confianza, estimular la inversión, fortalecer la producción y generar empleo, no castigar nuevamente a quienes sostienen la economía con su trabajo y esfuerzo.

Finalmente reiteró que el Gobierno electo a partir del 7 de agosto impulsará una política económica orientada a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto público y el crecimiento. La reconstrucción de la Patria Milagro estará basada en un Estado que administre con responsabilidad los recursos de todos los ciudadanos y que haga del manejo transparente de las finanzas públicas un principio irrenunciable, puntualizó.

De otro lado, el Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella expresó su preocupación por el traslado de 4 billones de pesos al presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, ordenado por el Gobierno saliente en los últimos días de su administración.

El Gobierno electo solicitó a los organismos de control ejercer vigilancia preventiva sobre este traslado, verificar la legalidad del proceso y garantizar la trazabilidad de los recursos públicos, con el argumento de atender los efectos del fenómeno de EI Niño mediante proyectos de energía solar.

En pronunciamiento aparte, subraya que la magnitud de la suma, la premura con que se pretende ejecutar el traslado y el historial reciente de la entidad receptora generan alertas que el Empalme Anticorrupción no puede ignorar ni normalizar.

Añade que la UNGRD es la misma entidad que protagonizó el escándalo de los carrotanques de La Guajira, donde recursos destinados a atender una emergencia humanitaria fueron desviados mediante el direccionamiento de contratos y el pago de sobornos.

«Inyectar 4 billones de pesos a una entidad con esos antecedentes documentados, a tan pocos días de que el gobierno saliente entregue el poder, sin tiempo suficiente para la estructuración técnica adecuada de los proyectos ni para una vigilancia efectiva de los recursos, representa un riesgo inminente para el patrimonio público de todos los colombianos», precisa. «La premura no es una justificación: es, precisamente, la señal más preocupante».

Señala que desde el Empalme Anticorrupción del Gobierno electo exigió a los entes de control ejercer vigilancia preventiva inmediata sobre este traslado presupuestal, verificar la legalidad del proceso y garantizar la trazabilidad de cada peso antes de que se produzca cualquier adjudicación.

«El Gobierno de la Patria Milagro no recibirá en silencio decisiones que comprometan los recursos públicos en los
últimos días de una administración que ya tiene demasiadas preguntas sin responder. Gobernar hasta el último día no puede significar disponer irresponsablemente de billones de pesos del pueblo colombiano», concluye.