–En un riguroso análisis del «Libro de la Verdad» que presentó el presidente Abelardo de la Espriella a la Fiscal, al Procurador y al Contralor sobre el entramado de corrupción que encontró en el gobierno de Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez concluyó que el gran desafío que plantea el documento no es solamente descubrir quién hizo qué, sino determinar cuánto cuesta corregir lo recibido y qué puede repararse rápidamente sin paralizar todavía más al Estado.

En larga nota que publicó en su cuenta en X, Uribe Vélez señala tres «luces rojas» por encima de las demás: primero, la situación fiscal y el costo de la deuda; segundo, salud y protección social, porque afectan inmediatamente a millones de personas; y tercero, la pérdida de capacidad operativa del Estado, porque sin corregir esta última incluso disponer de presupuesto no garantiza resultados».

Advierte que el mensaje fundamental del Libro de la Verdad no es simplemente que existieron posibles irregularidades, y que lo más trascendente es que el nuevo Gobierno dice haber recibido un Estado con problemas estructurales simultáneos de caja, deuda, ejecución, capacidad técnica, contratación, tecnología, información y coordinación.

A continuación transcribimos «los 10 aspectos más destacados», «el resumen ejecutivo» que hace el jefe de Centro Democrático sobre el «Libro de la Verdad».

1- El problema central no serían hechos aislados, sino un deterioro sistémico del Estado. El informe analizó 126 casos, priorizó 59 y los agrupó en nueve patrones críticos: pérdida del rigor técnico, colapso tecnológico, opacidad de la información, parálisis operativa, concentración contractual, riesgo litigioso, pérdida de control territorial, fragmentación institucional y restricción fiscal. La tesis de fondo es especialmente importante: estos problemas se retroalimentan, por lo que no deberían tratarse como fallas independientes.

2- La situación fiscal aparece como uno de los riesgos más graves para el nuevo Gobierno. El Ministerio de Hacienda habría reportado una caja en pesos de $16 billones al 31 de mayo de 2026, frente a niveles históricos de $30–40 billones, con una proyección de apenas $7,1 billones al cierre del año. El déficit del Gobierno Nacional Central llegó al 6,4 % del PIB en 2025. El documento añade una preocupación de enorme magnitud: emisiones de TES con tasas entre 13 % y 15 %, vencimientos concentrados en 2026, 2029 y 2030 y encargos fiduciarios por $113 billones que, según el informe, podrían sobreestimar la ejecución frente a la caja disponible.

3- Salud: grandes compromisos presupuestales sin suficiente planeación y ejecución. El documento sostiene que a finales de 2025 se asignaron más de $2,2 billones para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria sin contar entonces con estudios de conveniencia y necesidad, diseños definitivos ni presupuestos de obra. A junio de 2026 solo 28 proyectos habían completado la documentación, quedando más de $1,3 billones comprometidos sin garantía de ejecución y sostenibilidad. Además, señala que los Equipos Básicos en Salud recibieron más de $6,8 billones, pero registraban apenas 29 % de ejecución a junio de 2026.

4- Colombia Mayor: un problema social y presupuestal inmediato. Según el informe, los recursos previstos para todo 2026 se agotaron en julio. Quedaban cinco ciclos de pago, de agosto a diciembre, para aproximadamente 3 millones de adultos mayores, con un costo cercano a $630.000 millones mensuales, sin respaldo presupuestal según el documento. Es uno de los hallazgos con mayor sensibilidad social porque afecta directamente el ingreso de población adulta mayor en condición de pobreza.

5- Tecnología estatal: inversiones cuantiosas sin obtener la modernización esperada. El caso emblemático señalado es la DIAN: el informe cuestiona dos contratos tecnológicos superiores a $310.000 millones, con entregas proyectadas hasta 2028. Además, sostiene que un plan de modernización que había ejecutado $333.853 millones y reportaba 95 % de avance no consiguió modernizar los sistemas misionales. La consecuencia potencial es especialmente seria: afecta recaudo tributario, aduanas, devoluciones y lucha contra la evasión.

6- Seguridad nacional: alerta sobre el proyecto antidrones. El documento destaca un proyecto superior a $6,3 billones para desarrollar el Escudo Nacional Antidrones y recoge cuestionamientos relacionados con estructuración, transparencia, reducción de oferentes, evaluación y pruebas técnicas. Según el informe, la Contraloría encontró equipos previamente adquiridos con detecciones de apenas 300–430 metros frente a requisitos mínimos de 2 km. El contexto hace el asunto especialmente delicado: se reportan aproximadamente 9.000 intentos de ataques con drones en 2025 y 382 ataques entre abril de 2024 y noviembre de 2025.

7- Educación y FOMAG: fallas administrativas que terminan afectando directamente a maestros y familias. La Contraloría habría estructurado 61 hallazgos, de los cuales 23 tenían incidencia fiscal por $548.120 millones. Más preocupante desde el punto de vista humano: de 9.305 solicitudes de pensión revisadas en 2025, solamente 2.034 fueron reconocidas y pagadas oportunamente; 7.271 fueron atendidas fuera de término. El documento también registra contratos de transacción cercanos a $1,2 billones sin aprobación del Consejo Directivo.

8- Contratación pública: concentración y riesgo de captura institucional. Uno de los patrones transversales identificados es la asignación recurrente de contratos y funciones críticas a grupos reducidos de actores. Un ejemplo llamativo está en Cultura: de 2.747 proveedores, solamente 20 —el 0,7 %— concentraron el 48,5 % del valor contratado, equivalente a unos $998.594 millones sobre $2,05 billones. El problema no es solamente cuánto se contrató, sino si existieron competencia efectiva, trazabilidad, calidad y adecuada distribución de los recursos públicos.

9- Baja ejecución: existe una enorme brecha entre anunciar recursos y convertirlos en resultados. El documento muestra este patrón en numerosos sectores. Fonvivienda, por ejemplo, habría obligado solamente 33,31 % de $2,65 billones destinados a inversión en vivienda durante 2025. En investigación en salud aparecen $109.000 millones con ejecución del 0 % al 30 de junio de 2026; e iNNpulsa tenía comprometido 84,3 % de $798.082 millones, pero ejecutado solamente 22,8 %. La conclusión investigativa es relevante: apropiar o comprometer dinero no equivale a ejecutar políticas públicas ni producir resultados.

10- La conclusión más profunda del documento: recuperar capacidad de gobierno, no solamente investigar corrupción. El informe plantea que el problema heredado sería más amplio que determinados contratos cuestionados: describe un Estado con debilidades en mérito técnico, tecnología, información confiable, ejecución, coordinación, control territorial y capacidad fiscal. Por eso propone que la respuesta del nuevo Gobierno vincule cada falla con un principio correctivo: mérito, servicio, verdad, bien común, autoridad legítima, dignidad humana, comunidad, coherencia y prioridad del interés nacional.

11- Conclusión

El mensaje fundamental del Libro de la Verdad no es simplemente que existieron posibles irregularidades. Su afirmación más trascendente es que el nuevo Gobierno dice haber recibido un Estado con problemas estructurales simultáneos de caja, deuda, ejecución, capacidad técnica, contratación, tecnología, información y coordinación.

Y dentro de todo el documento, yo pondría tres luces rojas por encima de las demás: primero, la situación fiscal y el costo de la deuda; segundo, salud y protección social, porque afectan inmediatamente a millones de personas; y tercero, la pérdida de capacidad operativa del Estado, porque sin corregir esta última incluso disponer de presupuesto no garantiza resultados.

También separaría cuidadosamente hallazgo de responsabilidad. El propio Libro establece que las validaciones realizadas no constituyen auditoría ni investigación administrativa. Eso es fundamental para leerlo profesionalmente: el documento tiene un contenido técnico e institucional, pero también un evidente marco político de empalme del Gobierno entrante, por lo que las acusaciones concretas deben contrastarse posteriormente con Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, decisiones judiciales y las explicaciones del gobierno saliente.

En síntesis: el gran desafío que plantea el documento no es solamente descubrir quién hizo qué, sino determinar cuánto cuesta corregir lo recibido y qué puede repararse rápidamente sin paralizar todavía más al Estado.