–(Imagen ilustrativa-Hidroituango). El exministro de Hacienda, exdirector de Fedesarrollo y de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, advirtió que un racionamiento de energía eléctrica «de profundidad y duración» como el de 1992, tendría un costo económico de $30,7 billones, equivalente al 1,6% del Producto Interno Bruto, PIB.

Mejía presentó la evaluación en el 180 Congreso Anual de Energía de Acolgen, en Bogotá, advirtiendo que el costo económico valora la energía no suministrada con los costos de racionamiento que utiliza la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, e incluye tanto la producción que se deja de generar como la pérdida de bienestar de los hogares.

Según Mejía solo en producción, la pérdida podría alcanzar el 1,3% del PIB, cerca de $25 billones.

«Un racionamiento como el de 1992 le costaría a Colombia más de $30 billones y pondría en riesgo más de cien mil empleos. Asegurar el suministro de energía debe ser una prioridad de la política económica. Las decisiones que se tomen
hoy pueden reducir el riesgo de los cortes y proteger los ingresos de los hogares», afirmó Luis Fernando Mejía,
fundador y CEO de Lumen Economic Intelligence.

El ejercicio considera tres escenarios de racionamiento a partir de la temporada seca 2026-2027, con distintas proporciones de demanda no atendida y duraciones. El más severo replica la profundidad y la duración del racionamiento de 1992-1993, cuando el país dejó de atender cerca de 2.400 gigavatios-hora, el 6,8% de la demanda, durante 343 días.

El análisis presentado en Acolgen señala que para la vigencia 2026-2027, la energía firme del sistema estaría un 7,8% por debajo de la demanda prevista, una brecha equivalente a unos 28 días de consumo. Esto reduce el margen de maniobra del sistema frente a una hidrología ya adversa: desde mayo los aportes hídricos se ubican entre 75% y 79% de la media histórica y el IRI-NOAA asigna un 98% de probabilidad a un fenómeno de EI Niño muy fuerte en los próximos meses.

A esta situación se suman los retrasos en la expansión. Con corte al 10 de septiembre habían entrado en operación 1.027 de los 4.475 megavatios esperados para 2026, apenas el 23% de 10 programado. Además, el crecimiento de la demanda redujo el colchón de los embalses: medida en días de demanda máxima, su capacidad de almacenamiento pasó de 87 a 67 días desde el fenómeno de EI Niño de 2015-2016.

En el escenario más adverso analizado, comparable al racionamiento de 1992 en profundidad y duración, la pérdida de empleos podría llegar a 210.000 y hasta 480.000 personas adicionales podrían caer en la pobreza monetaria. La interrupción del suministro eléctrico afectaría la capacidad de las empresas para producir y sostener sus puestos de trabajo, con consecuencias directas sobre los ingresos y las condiciones de vida de los hogares.

Lumen Economic Intelligence plantea actuar desde ahora para asegurar la disponibilidad de generación térmica durante la temporada seca. Esto exige garantizar el suministro de gas y combustibles líquidos, realizar los mantenimientos necesarios y asegurar que las plantas cuenten con liquidez para sostener su operación. La remuneración y los mecanismos de pago deben respaldar esa disponibilidad.

La firma también recomienda anticipar la gestión de la demanda mediante incentivos al ahorro y campañas concentradas en las horas de mayor exigencia para el sistema. Reducir el consumo en esos momentos puede aliviar la presión sobre la generación y contribuir a preservar las reservas de agua.

Estas medidas deben acompañarse de reglas estables que den previsibilidad a la inversión. Agilizar las licencias, las consultas y las obras de transmisión permitiría que los proyectos de generación entren oportunamente y que su energía llegue a los consumidores. Recuperar el ritmo de expansión del sistema es fundamental para atender una demanda creciente y reducir la vulnerabilidad frente a futuras temporadas secas.

Lumen Economic Intelligence es una firma colombiana de análisis económico independiente, fundada en 2026 por Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y del Departamento Nacional de Planeación. Provee perspectivas macroeconómicas, estudios de política pública y análisis regulatorio, y asesoría a presidencias y juntas directivas de empresas, gremios y organismos multilaterales.