–El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Alejandro Ramelli, reaccionó este viernes a la propuesta, avalada por el jefe del Estado, Abelardo de la Espriella, de quitarle 100 mil millones de pesos al presupuesto de la entidad, advirtiendo que si se concreta, sería el fin de la justicia transicional, porque no podría seguir operando.

Con dos iniciativas radicadas por los partidos de gobierno ante el Congreso se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP, indicó en un comunicado, frente a la iniciativa del senador del Movimiento de Salvación Nacionao, Enrique Gómez Martínez, autor de la propuesta de trasladar cien mil millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura para solucionar el déficit de jueces que registra el país.

«La propuesta, apoyada en un mensaje del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, afectaría de forma directa el cumplimiento de las funciones constitucionales de la JEP», puntualizó el magistrado Ramelli.

Añadió que la JEP reconoce la crisis fiscal de la Rama Judicial, pero, subrayó, » esta no se puede resolver a costa de una Jurisdicción de carácter transicional, poniendo en riesgo garantías de víctimas y seguridad jurídica de comparecientes».

Advirtió que al mismo tiempo, en la Comisión Primera del Senado de la República se viene tramitando una reforma constitucional que busca establecer una revisión judicial automática a cargo de la Justicia Penal Militar de las sentencias de la JEP contra miembros de la fuerza pública.

«Estas iniciativas de estrategia combinada de asfixia económica y sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar constituyen el más grave ataque que ha sufrido la Justicia Transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial», indicó.

Finalmente, el presidente de la JEP notificó que la Jurisdicción pondrá en conocimiento de esta situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a los países garantes del Acuerdo de Paz, así como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.