–La Defensoría del Pueblo advirtió vulnerabilidades y brechas en la atención a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Entre ellas, señaló inconsistencias en el Registro Único de Damnificados (RUD) que podrían dejar a personas sin ayudas estatales. Así lo planteó la entidad en el I Congreso sobre la Protección de Derechos en la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, que concluye este viernes en su sede nacional.

Entre las principales preocupaciones están las inconsistencias en el RUD y en los instrumentos de evaluación de daños, que podrían dejar a personas afectadas por fuera de las ayudas del Estado. (Leer Dos meses de pérdidas, dolor y fuerza colectiva para seguir adelante)

El registro cerró el 4 de septiembre y no permite actualizar la información. Esto dificulta que las entidades respondan a las necesidades actuales de las comunidades.

En materia de vivienda, la Defensoría advirtió demoras en las evaluaciones técnicas de las edificaciones, posibles errores en la clasificación de inmuebles afectados y retrasos en la entrega de subsidios de arrendamiento. A esto se suman la escasez de viviendas y el aumento de los cánones de alquiler. La entidad considera necesario que haya información clara sobre los planes de reubicación y de construcción de vivienda nueva.

También advirtió sobre la pérdida de capacidad hospitalaria, las barreras de acceso a los servicios de salud y las deudas con el personal sanitario. A esto se añaden deficiencias en la atención psicosocial, en la distribución de medicamentos y en la continuidad de los tratamientos.

En educación, manifestó su preocupación por la falta de reparación de las instituciones educativas afectadas en Buenaventura (Valle del Cauca), el Litoral del San Juan (Chocó) y otras zonas del Pacífico. Esta situación impide el regreso a las aulas y aumenta los riesgos de protección para niñas, niños y adolescentes, incluidos el reclutamiento y la utilización por parte de grupos armados ilegales.

Estas afectaciones se agravan cuando coinciden con el desplazamiento forzado, las inundaciones, los vendavales y la presencia y el control de grupos armados. Por eso, la Defensoría destacó la importancia de adoptar medidas con enfoque diferencial, en especial para mujeres, niñas, niños y adolescentes y comunidades con vulnerabilidades preexistentes. Con ello busca evitar que las emergencias profundicen las desigualdades y las afectaciones a sus derechos.

Para la entidad, los riesgos y los desastres son resultado de la acumulación de vulnerabilidades, de la persistencia de desigualdades y de decisiones históricas que han expuesto más a unas poblaciones que a otras. Por eso, sostuvo que cada desastre es una deuda pendiente de la sociedad con las comunidades afectadas: un pasivo social que exige verdad, reparación, protección y garantías de no repetición.

La Defensoría insistió en que la prevención también es una forma de garantizar derechos. Reducir las condiciones de vulnerabilidad, fortalecer las capacidades de comunidades e instituciones, asegurar información oportuna y promover la participación efectiva son acciones fundamentales para proteger la vida, la salud, la vivienda, la educación, el agua y los demás derechos que una emergencia puede poner en riesgo.

El Congreso, que se desarrolla en dos jornadas, busca promover el diálogo entre los conocimientos institucionales y los saberes locales, así como fortalecer la articulación entre los niveles nacional y territorial y entre las zonas rurales y urbanas. La gestión del riesgo de desastres y el cambio climático requieren respuestas integrales, oportunas e incluyentes, con los derechos humanos y de la naturaleza en el centro de las decisiones.