Este martes, el magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth fue elegido como el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la Sala Plena de esta corporación judicial en Colombia, un nombramiento que se da tras una votación mayoritaria con el propósito de suceder al actual director, Alejandro Ramelli Arteaga, y continuar liderando los procesos de la justicia transicional en el país.

Durante la sesión celebrada a primera hora, el togado logró obtener 23 votos a su favor, imponiéndose así frente a sus colegas, la magistrada Reinere Jaramillo Chaverra, quien alcanzó 11 votos, y el magistrado Camilo Suárez Aldana, que sumó dos. Con esta elección consolidada, Rojas asumirá oficialmente la dirección del tribunal de paz el próximo jueves 5 de noviembre, momento en el cual culmina el mandato de la administración que venía operando desde 2024.

El recién designado presidente cuenta con una extensa y reconocida trayectoria dentro de la Rama Judicial. Es abogado egresado de la Universidad Libre, posee múltiples especializaciones en Derecho Público e Instituciones Jurídico Políticas, además de una maestría en la Universidad Nacional. Antes de asumir este nuevo reto en la JEP, Rojas fue magistrado del Consejo de Estado —entidad que llegó a presidir en el año 2015— y hasta la fecha venía integrando la Sección de Apelación, la cual funciona como máxima instancia de cierre de la jurisdicción.

En su historial reciente de fallos, el magistrado fue uno de los firmantes de la controversial decisión que mantuvo al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso dentro de la jurisdicción especial, lo que derivó en una recusación por parte de la Procuraduría General de la Nación. Su labor en la Sección de Apelación ha sido clave para determinar la competencia del tribunal sobre diversos actores armados y presuntos responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto, recordando siempre que la culpabilidad definitiva y el grado de responsabilidad solo los determina la sentencia judicial final.

El desafío más crítico que marcará la presidencia de Danilo Rojas será garantizar el funcionamiento operativo de la justicia transicional frente a un panorama financiero adverso. Recientemente, el Congreso de la República dio luz verde al presupuesto para 2027, el cual contempla una drástica reducción de más de 181.000 millones de pesos para la entidad. Este recorte obligará a la nueva administración a buscar estrategias que eviten la inoperancia del sistema, asegurando que los supuestos victimarios aporten verdad plena y que los derechos de las víctimas sigan siendo el eje central del acuerdo de paz durante los próximos dos años.