La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del exministro del Interior Luis Fernando Velasco este jueves en la capital colombiana, al revocar la medida de aseguramiento privativa de la libertad que pesaba en su contra dentro del proceso por las presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La determinación adoptada por la corporación judicial implica la expedición inmediata de la boleta de excarcelación en favor del exfuncionario. Tras un riguroso análisis de los recursos presentados por la defensa y la evaluación de las garantías procesales, el colegiado consideró que no se mantienen los presupuestos legales necesarios para sostener la restricción preventiva de la libertad mientras avanza el trámite de la causa.

El exministro del Interior permanece vinculado formalmente a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Las averiguaciones indagan la supuesta participación del exservidor público en gestiones para direccionar contratos e inversiones estatales a cambio de supuestos apoyos políticos en el Congreso de la República.

Este pronunciamiento judicial se suma al prolongado recorrido del expediente en los estrados judiciales, donde la representación legal del exjefe de la cartera política había acudido a mecanismos constitucionales para solicitar el amparo del debido proceso. La decisión del tribunal se alinea con precedentes fijados en el mismo entramado procesal, en los cuales se ha evaluado la procedencia de las medidas cautelares frente al cumplimiento estricto de los términos de ley.

A pesar de recuperar la libertad, la situación legal de Velasco Chávez no ha finalizado. La orden de excarcelación deja claro que el exministro continuará vinculado al juzgamiento penal y deberá acudir formalmente a las preparatorias de juicio y a cada una de las diligencias citadas por los magistrados a medida que se practiquen las pruebas presentadas por la acusación.

El proceso judicial por la gestión del riesgo de desastres sigue su curso en las instancias correspondientes, donde las partes procesales continuarán debatiendo la responsabilidad de los implicados. Con esta orden judicial, se garantiza el ejercicio de la defensa en libertad, protegiendo los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso hasta que exista un fallo definitivo sobre el fondo del asunto.