–(Imagen coronación de la Virgen de Fátima el día de la velatón). La Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió una acción de tutela presentada contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y los ministros del Interior y de las Culturas, las Artes y los Saberes, a quienes se les endilgó haber dado un trato preferente hacia la religión católica y la fe judía en distintos eventos, pronunciamientos, publicaciones en redes sociales y financiamientos.

Al respecto, la alta corporación advirtió que el hecho de que el presidente de la República hubiera coronado la imagen de la Virgen de Fátima, en la «Gran Velatón por Colombia» el 28 de agosto pasado en la plaza de Bolívar de Bogotá, no desconocía, per se, los principios de neutralidad y laicidad porque dicho acto hizo parte de una jornada que tenía una justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente, como lo era la movilización institucional y social en apoyo humanitario a las víctimas y el mantenimiento de una cohesión frente a la tragedia nacional acaecida el 10 de agosto de 2026.

Con una procesión de la Virgen de Fátima, que acompañan los Caballeros de la Virgen, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, cierran la Gran Velatón por Colombia.

Desde el Ministerio de Cultura nos acercamos con respeto al dolor de las víctimas y honramos su memoria. Colombia, un solo corazón.

— MinCultura Colombia (@mincultura) August 29, 2026

Además, destacó que los recursos que destinó el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para la producción técnica y artística de la velatón, así como el registro audiovisual de la misma, no podían interpretarse como un favorecimiento a la religión católica, debido a que contaron con una motivación contractual clara y una destinación específica de naturaleza secular, y integraron un conjunto más amplio de contenidos orientados a visibilizar un evento de interés público.

A su vez, la Sección Quinta consideró que el hecho de que el primer mandatario hubiera utilizado la expresión «viva Cristo Rey» en su posesión o en sus discursos no vulneraba los principios de neutralidad y laicidad, por cuanto, como ciudadano, no está despojado de sus derechos a la libertad de conciencia, de culto y de expresión.

Por otra parte, recalcó que la circunstancia de que el jefe de Estado haya visitado el templo y utilizado una kipá tampoco vulnera los principios de neutralidad y laicidad, por cuanto dicha actuación contó con una justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente: la consolidación del acercamiento diplomático y de las relaciones bilaterales con Israel.

De hecho, el Consejo de Estado aclaró que el apoyo del primer mandatario al Estado de Israel no implicaba, en ningún caso, un trato privilegiado hacia la religión judía. Finalmente, destacó que la publicación del ministro del Interior en la red social «X», tampoco buscaba privilegiar a la fe judía o establecerla como una religión oficial, sino ofrecer un acompañamiento institucional en una fecha de duelo y reafirmar los deberes del Estado frente a la libertad de cultos y una política diplomática de gobierno.

El caso se originó en la acción de tutela que presentó el 14 de octubre de 2026, el señor Román Camilo Díaz Fernández contra el presidente de la República y los ministros del Interior y de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de cultos y de conciencia y de petición, así como los principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado.

Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de las actuaciones reiteradas de las autoridades accionadas consistentes en un trato preferente hacia la religión católica y la fe judía, que se muestra en eventos, pronunciamientos, publicaciones en redes sociales y financiamientos hacia las religiones que practican o promueven
de manera pública. Asimismo, señaló que no se resolvieron de fondo las peticiones que formuló ante los Ministerios del Interior y de las Culturas, las Artes y los Saberes, el 29 de agosto y el 14 de septiembre de 2026.

Tras conocer la decisión, el presidente Abelardo De La Espriella, trinó:

«El Consejo de Estado estableció que, como Presidente de la República, no vulneré los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos y de conciencia, ni los principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado.

Mi fe es parte de mis convicciones personales y el respeto por las creencias de todos los colombianos es un deber constitucional.

Colombia es un Estado laico, en el que la libertad religiosa y la libertad de conciencia deben estar garantizadas para todos, sin discriminación.

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

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OTRO CASO

De otro lado, el Consejo de Estado amparó la libertad de conciencia y la igualdad de un ciudadano ateo frente a un discurso del presidente Abelardo de la Espriella.

Al resolver una acción de tutela, la Sección Quinta del Consejo de Estado analizó si la afirmación según la cual el Estado debe «impedir que los espacios culturales sean captados por el social-comunismo ateo y enemigo de los valores fundamental es de la nación», pronunciada por el presidente en un acto oficial, el 15 de octubre de 2026, era compatible con el principio de laicidad y con los derechos a la libertad de conciencia y a la igualdad de un ciudadano que se reconoce como ateo.

Al respecto, la Sala concluyó que el ateísmo y las demás convicciones no religiosas gozan de la misma protección constitucional que aquellas de carácter confesional, por lo que el presidente de la República, quien simboliza la unidad nacional, no puede estigmatizarlas.

A su vez, la Sección Quinta destacó que el discurso presidencial tuvo carácter oficial y que, al calificar como enemigos de los valores de la nación a quienes son identificados por su ateísmo, vulneró los principios de laicidad y neutralidad religiosa y desconoció el deber del Estado de tratar con igual respeto a todos los sistemas morales, religiosos o no, e incurrió en una discriminación por razones religiosas o filosóficas, prohibida por el artículo 13 de la Constitución.

Por lo anterior, la Sala amparó los derechos del accionante y, en consecuencia, ordenó al presidente de la República que en un plazo de cinco días realice un pronunciamiento público, de alcance equivalente al del 15 de octubre, en el que reconozca que las convicciones no religiosas también están protegidas por la Constitución; que quienes las profesan no son enemigos de los valores de la nación y que los espacios culturales del Estado pertenecen por igual a creyentes y a quienes no lo son.

Asimismo, ordenó al presidente y al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes que, en un plazo de 48 horas, eliminen de sus canales de YouTube las publicaciones que contienen el discurso, pues mantenerlas disponibles prolonga los efectos de la vulneración. Además, previno a ambos para que se abstengan de estigmatizar o excluir a las personas por sus convicciones religiosas o no religiosas.