La Cámara de Representantes aprobó hoy durante el segundo debate el establecimiento de un arancel judicial, para aquellos que realicen demandas en procesos civiles, administrativos y de arbitraje de mayor cuantía, cancelen el valor correspondiente a los servicios de la justicia.

El proyecto del gobierno que incluye la tarifa de la justicia equivaldrá al dos por ciento del costo en procesos que superen un monto de 200 salarios mínimos mensuales, que corresponde aproximadamente a mil millones de pesos a precios.

Los recursos serán destinados a un fondo especial para fortalecer la rama judicial, el cual manejará la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, previo concepto obligatorio la junta compuesta por el presidente de esa corporación y los de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

El arancel lo pagarán los ganadores del proceso, que en gran medida son los bancos que ejecutan deudores, y según el proyecto, se extenderán a las conciliaciones y arbitrajes en materia civil y contencioso administrativa.

El representante Carlos Alberto Zuluaga, coordinador de ponentes de la iniciativa, dijo que con ella se podrían proveer 500 mil millones de pesos anuales para la administración de justicia y su fortalecimiento.