Cada semana, durante el período legislativo, en la agenda de trabajo del Congreso de la República aparecen registradas un sinnúmero de actividades de las comisiones legales permanentes y las especiales de seguimiento.

Pese a tanto anuncio de trabajo, de no haberse presentado esta semana la renuncia de todos los miembros de la Comisión de Acusación, encargada de juzgar a las altas dignidades del país, esas células hubieran seguido pasando inadvertidas.

Estas comisiones ‘fantasmas’ son paralelas a las constitucionales (en las que se aprueban los proyectos de ley y se hacen debates de control a los funcionarios) y buscan complementar las actividades que no alcanzan a cubrir las principales.

Están incorporadas por mandato de ley en el Reglamento Interno del Congreso desde el año 1992.

Como son de apoyo o alternas, no tienen un aparato formal de funcionamiento, incluso es difícil buscarlas en el edificio del Congreso, porque no tienen oficina principal y sus equipos de trabajo son pequeños; en la mayoría de los casos son el secretario de la Comisión y máximo cuatro personas más que hacen funciones administrativas.

En lo financiero dependen del presupuesto general del Congreso, en el cual se asigna un rubro determinado para cubrir salarios. Las audiencias o viajes están supeditados a los recursos generales que tengan en la corporación respectiva.

Pese a la aparente austeridad, hay algunas que tienen funciones muy importantes, como la citada de Acusaciones, único estamento en el cual se puede investigar a los funcionarios públicos de más alto nivel: el Presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y al Fiscal General de la Nación.