Con retrasos en el escrutinio, las autoridades resaltaron el domingo el ambiente de seguridad que reinó en la jornada electoral, al tiempo que los observadores denunciaron irregularidades como la presunta compra de votos para un Congreso sumido en escándalos.

Casi 30 millones de colombianos estaban habilitados para votar en la jornada, para elegir a 166 representantes y 102 senadores que asumirán sus cargos el 20 de julio para un mandato de cuatro años.

Pero pasadas dos horas del cierre de las urnas, apenas se tenía un escrutinio oficial de 0,88% para los escaños del Senado, equivalente a 675 mesas de las más de 79.000 instaladas en todo el país, según la Registraduría Nacional, la institución principal en la organización de los comicios.

Sobre las 6 de la tarde, el registrador, Carlos Ariel Sánchez, dijo que la responsabilidad del retraso en la entrega de resultados no era culpa de la entidad a su cargo sino de los jurados de votación de cada una de las mesas instaladas en todo el país, ya que son ellos los que tienen que transmitir los datos, vía electrónica, a la central electoral en Bogotá.

«La demora no es de la Registraduría, es de los jurados porque ellos manejan el escrutinio», aseguró Sánchez en entrevista telefónica.

El funcionario agregó que, ante la cantidad de candidatos _al menos unos 2.400 en todo el país, ya la Registraduría había anticipado que el conteo de votos iba a ser lento.

Más temprano, el chileno Enrique Correa, jefe de la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aseguró que sus 70 delegados estuvieron presentes en 16 de los 32 departamentos colombianos, observando que en algunos casos la compra de sufragios se realizaba en la misma mesa de votación.

«Tenemos cuatro o cinco informaciones de compra de votos, e incluso, según nuestros coordinadores, con pago del voto en la misma mesa», dijo Correa a reporteros.

De acuerdo con el delegado, tal situación se presentó en Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, al noreste de Bogotá, pero no indicó de cuánto era el presunto pago de votos.

Miembros del grupo no gubernamental Misión de Observación Electoral (MOE) también aseguraron que se han presentado irregularidades como la mencionada compra de votos y la presión armada a electores en varios municipios el país.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, aseguró en rueda de prensa que constataron que en San Onofre, a unos 584 kilómetros al noreste de Bogotá, electores reclamaban dinero, unos 100.000 pesos (50 dólares) tras votar por aspirantes de partidos como los de Apertura Liberal.

Apertura Liberal es una pequeña organización que tiene entre sus principales figuras a Cristian Murcia, hermano de David Murcia, acusado aquí de crear un multimillonario esquema de fraude a través de la recaudación ilegal de dinero y pago de altísimos intereses.

David Murcia fue extraditado en enero a Estados Unidos por cargos de lavado de activos, pero sobre su hermano Cristian, candidato a una curul en el Senado, no pesan investigaciones judiciales.

Respecto de la presión armada, Jorge Rojas, miembro de la junta directiva de la MOE, dijo que tienen informes de que en al menos siete municipios del oeste del país hubo presión por parte de grupos armadas ilegales.

Agregó que supuestas bandas de narcotraficantes, como «Los Rastrojos» y «Los Paisas», reunieron a los pobladores de caseríos y les indicaron votar a favor de Cambio Radical y el Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U). Ninguno de los dos partidos se ha pronunciado sobre las denuncias.

La llamada compra de votos, que puede ir desde ofrecer dinero en efectivo hasta becas y cupones para adquirir alimentos, es una vieja práctica en la política colombiana que las autoridades han fracasado en controlar.

El ministro del Interior Fabio Valencia dijo a periodistas en su despacho que por denuncias de esa compra de votos al menos 51 personas fueron detenidas en todo el país, principalmente en regiones de la Costa Caribe.

Además, el funcionario destacó que en toda la jornada recibieron datos de seis distintos incidentes armados por parte de la guerrilla, como dos hostigamientos a tiros a estaciones de policía en Ricaurte y Mallama, dos poblados del departamento de Nariño, al suroeste de Bogotá. No hubo heridos, señaló.

En el pasado, las elecciones colombianas han estado marcadas por incursiones y paros armados promovidos o por las guerrillas o bajo la presión de bandas paramilitares.