El Consejo de Estado reanuda hoy el proceso de pérdida de investidura contra el exsenador Iván Moreno Rojas, dentro del sonado escándalo de corrupción del carrusel de la contratación en Bogotá.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia anunció la apertura de una investigación contra el excongresista Germán Olano por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, también dentro del carrusel de la contratación.

En cuanto al caso de Iván Moreno, la diligencia de pérdida de investidura se debió postergar el pasado 27 de marzo como consecuencia de la renuncia de Ambrosio Meléndez, como abogado del excongresista.

La pérdida de investidura de Moreno Rojas fue demandada por la exigencia que habría hecho el ex congresista a los cabecillas del Grupo Nule para que se le pagara uan comisión del 6 por ciento por la adjudicación del contrato de la fase III del Transmilenio.

En el caso de German Olano, la indagación penal tiene que ver con una comisión de 500 millones de pesos que le habrían pagado los cabecillas del Grupo Nule por haber mediado a su favor en la adjudicación de los contratos de la fase 3 de Transmilenio.

Por los hechos relacionados con el carrusel de la contratación, la Procuraduría General de la Nación inhabilitó a Germán Olano por 12 años.

El pasado 28 marzo, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado decretar la pérdida de investidura de Germán Olano Becerra, argumentando que «existen elementos de juicio suficientes para demostrar que se configuraron las causales consagradas en el numeral 2 del artículo 180 y numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política que prohíben a los Congresistas la gestión de asuntos ante entidades públicas y el tráfico de influencias.

En su intervención, el procurador Delegado, Fernando Brito Ruiz, pidió que se declare la validez de la prueba aportada por Miguel Nule relacionada con una grabación en la cual se registra una conversación sostenida con el excongresista Germán Olano.

En dicho registro se hace referencia a las gestiones surtidas por el exrepresentante a la Cámara, ante el entonces Contralor Distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, en aras de obtener beneficios en el control fiscal sobre las obras de la calle 26.

Así mismo, precisó que las pruebas señalan que el entonces congresista también adelantó gestiones ante el contratista Julio Gómez para que intercediera a favor del Grupo Nule ante la dirección del IDU, con el fin de que se les adjudicaran obras de la Fase III de Transmilenio.