Columna de opinión por Iván Briceño

Un adagio dice: «el buen cobrador es mal pagador», dicho popular que cae como anillo al dedo a la multinacional Claro, que aparte de prestar un mal servicio, que se destaca por la frecuente caída de las llamadas y el lento servicio de Internet, ahora corta de manera inmediata a los usuarios que se retrasan unas horas en pagar la factura; pero por otro lado, cabe recordar que Bogotá espera que la empresa le reembolse los $138 mil millones que debe a la ETB.

Y es que haciendo un análisis de la situación, es risible que una empresa tan sólida económicamente no pague al Distrito a pesar de la orden proferida por el Consejo de Estado en 2012, pero que si se vaya en contra del usuario de a pie que por una u otra razón no pagó su servicio, eso sin mencionar que últimamente la empresa se ha destacado por imponer planes de telefonía y de datos de una manera intransigente, sin contar con las necesidades de sus abonados. (Si no cree, llame al asterisco 611 y diga que necesita ampliar los minutos de su plan, y le contestarán que deberá adquirir un nuevo paquete)

Lo cierto, es que Claro pretendía que a través de una acción de tutela se dejara sin efecto el fallo que ordenó la devolución de la millonaria suma a favor de la empresa capitalina. Por lo que en agosto del año pasado el Consejo de Estado dejó sin efecto un laudo arbitral que habían suscrito las dos empresas (Comcel – Claro) en el que ETB se vio obligada a pagar una millonaria suma a la empresa de telefonía celular.

Este pleito inició cuando la empresa de Bogotá y le de telefonía móvil, se vieron sumergidas en una disputa en el año 2006, por diferencias en los valores de unos contratos y el uso de redes de interconexión de Comcel.

Sin embargo los magistrados de la sección tercera del Consejo de Estado determinaron que el Laudo arbitral desconoció normas de la Comunidad Andina de Naciones, que debían ser tenidas en cuenta en ese litigio.

En medio de esa oleada de «ires y venires» jurídicos que buscan que la ciudad recupere la multimillonaria suma, está el ciudadano común, que necesita su equipo móvil para trabajar, estudiar o simplemente para comunicarse, y es ese público el que está «pagando el pato» de una multinacional que margina a sus usuarios vendiéndoles lo que mejor le parece a la empresa.

Y es que cuando uno pasa por un centro de atención en cualquier punto de la ciudad puede recoger una cascada de quejas en contra de la compañía, que van desde pagos no registrados, llamadas caídas constantemente, y del servicio de Internet móvil mejor ni hablar.

Y si tiene alguna duda, simplemente no pague su factura el día que debe hacerlo, y podrá notar que sobre la media noche le cortarán el servicio, o pida que le aumenten el número de minutos y se encontrará con que debe comprar un nuevo paquete lo que refleja el bajo interés de la empresa por las necesidades del cliente, y eso que la sabiduría popular reza que «el cliente siempre tiene la razón», pero no parece funcionar para la empresa del señor Carlos Slim.

La pregunta que queda suelta en el aire es: ¿Y a los usuarios quien nos defiende?, porque el grupo de representantes legales ha realizado un impresionante trabajo para dilatar el pago de la deuda con el Distrito, tanto así que en junio pasado el alcalde mayor, Gustavo Petro se vio en la penosa necesidad de anunciar la posibilidad jurídica de solicitar a las autoridades un embargo contra la empresa de telecomunicaciones, sí la multinacional no accede a pagar los 138 mil millones que adeuda a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB.

Petro advirtió en aquella oportunidad que sobre la deuda ya han fallado los máximos tribunales y que sólo queda que Claro pague la plata de los bogotanos.

Por su parte, la compañía se ha quejado en varias oportunidades de ser víctima de una persecución mediática por los artículos que la prensa ha sacado sobre la polémica deuda y de paso la emprendió contra los concejales que han adelantado plantones y otro tipo de protestas por el impago.

La empresa también ha asegurado que desconoce el monto de la deuda a pagar, a pesar de haber atravesado por un proceso judicial de ocho años.

En mayo pasado Claro aseguró en un comunicado que “ha tomado las medidas necesarias para garantizar que en caso de corresponder, su banco devuelva a ETB las sumas que en derecho sean procedentes, una vez se defina el monto por una instancia judicial competente”.

La compañía aclara que sí acató el fallo del Consejo de Estado, pero que “en consecuencia, ha acudido nuevamente a las instancias judiciales para resolver el conflicto existente con ETB. Son las autoridades judiciales colombianas quienes deben decidir libremente este conflicto, sin presiones mediáticas y políticas, asegurando que el estado de derecho prevalezca”.

Además tampoco podemos olvidar que durante esa misma época la empresa presentó una denuncia penal donde alega que “se han presentado hechos que en nuestro criterio han de ser investigados por la posibilidad de existencia de punibles y del caso faltas disciplinarias para lo cual debería en su momento compulsar las copias pertinentes. En varias oportunidades se ha llamado a promover en Bogotá apagón de celulares Claro”.

La denuncia agrega que el grupo que protesta “llaman al impago del servicio de telefonía móvil celular, a la presión indebida para el supuesto cumplimiento de la decisión del Consejo de Estado y se han manifestado con expresiones que atentan contra el buen nombre y crédito en la operación de la firma y de su directivo Juan Carlos Archila Cabal”.

Según la representante legal de Claro, Hilda María Pardo Hasche, pese a lo ordenado por el Consejo de Estado “No resulta procedente, en este proveído, ordenar a Comcel la devolución de suma concreta de dinero alguna como quiera que no obra prueba en las actuaciones iniciadas para dar cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su sentencia de 26 de agosto y en su auto aclaratorio de 15 de noviembre de 2011, de que la ETB hubiera realizado pago alguno a favor de Comcel por el anotado concepto y menos se tuvo la posibilidad de que el material probatorio hipotéticamente encaminado a demostrar tal circunstancia hubiere sido controvertido por los eventualmente interesados en hacerlo”.

La solicitud de la demandante indica: “Señor Fiscal, por lo que anteriormente se analiza y demuestra, corresponde el estudio de los hechos, establecer la posibilidad de punible, identificar a los responsables y por supuesto la protección de la víctima de su honra y bienes como lo ordena la Constitución. Así mismo, se considera correr traslado a las autoridades disciplinarias tanto del Concejo de Bogotá, Personería Distrital y la Procuraduría General de la Nación”.