La Corte Constitucional negó este jueves la acción de tutela interpuesta por la exsenadora Piedad Córdoba, con la que pretendía echar para atrás la destitución e inhabilidad por 18 años impuesta la Produraduría en el año 2010.

La Sala Plena no admitió los argumentos de la defensa, por lo que dejó en firme el fallo del Ministerio Público, por esta razón, la defensa de la ex senadora anunció que llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 27 de septiembre de 2010, el Procurador General de la Nación , Alejandro Ordóñez Maldonado sancionó disciplinariamente a Piedad Esneda Córdoba Ruiz con destitución e inhabilidad por el término de 18 años por haber promocionado y colaborado con la guerrilla de las FARC.

La investigación tuvo origen en los hallazgos de los medios electrónicos incautados en la Operación Fénix en la que fue abatido alias ‘Raúl Reyes’. En ellos se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora en los que se identificó con los alias de ‘Teodora’, ‘Teodora de Bolívar’, ‘la Negra’ y ‘la Negrita’, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario.

Dicho material fue corroborado con otros medios de prueba, unos trasladados desde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía y otros, producto de la labor investigativa en la Procuraduría General, tales como las salidas de emigración de la Señora Córdoba, interceptaciones legales telefónicas a los miembros del bloque Libardo García de Cali y la declaración dada por el infiltrado de nacionalidad ucraniana, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el Comandante del Frente 30, alias ‘Mincho’. Igualmente, se contó con el apoyo de los informes presentados por la INTERPOL, y los peritajes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI y la DIJIN sobre la autenticidad de los medios electrónicos.

Por estos hechos, el Ministerio Público estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos.

Además dio información a este grupo al margen de la ley sobre asuntos diferentes con la liberación de los secuestrados, entre ellos, posibles donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos.

De la misma manera se constató que la Senadora Córdoba instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países. Así mismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo.

De otra parte, el Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado absolvió a la dirigente política por el cargo de “traición a la patria”, por considerar que las diferentes alocuciones que dio en contra de las políticas del Gobierno no configuran falta disciplinaria al no menoscabar la integridad nacional.