–La Organización de Naciones Unidas, ONU, reporta una tendencia en la disminución del desplazamiento forzado y en los homicidios en desarrollo del conflicto armado en Colombia, pero advierte que persisten otras formas de afectación menos visibles y más difíciles de monitorear, como son el uso y reclutamiento de niños y niñas, homicidios selectivos y violencia sexual, lo mismo que un aumento en otros aspectos, entre ellos limitaciones a la movilidad y al acceso, control social, amenazas y extorsión.

En un informe relacionado con el Plan Respuesta 2015, la ONU hace referencia al conflicto y la violencia armada en Colombia y afirma que el país se enfrenta a necesidades humanitarias persistentes, todo ello sumado a desastres naturales en determinadas zonas.

Añade que mientras el conflicto armado sigue entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc y el Eln, otras fuentes de violencia, como los grupos armados postdesmovilización, plantean importantes desafíos humanitarios y de protección.

Al efecto, advierte que Colombia es el segundo país con más personas desplazadas internas después de Siria y subraya que en las zonas rurales aisladas la desigualdad en la distribución de tierras, el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilegales, la débil presencia del Estado y las escasas oportunidades socioeconómicas se encuentran entre las principales causas del conflicto en el país.

Dice que el marco de esta estrategia se ha desarrollado bajo la hipótesis de que las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las Farc continuarán y se tardará en obtener resultados, sin que ocurra un cese al fuego efectivo durante las conversaciones.

Igualmente señala que la situación humanitaria en Colombia puede variar en dependencia del cumplimiento de diferentes escenarios posibles que dan lugar a retos y oportunidades derivadas de los acuerdos (por ej., firma de un acuerdo de paz en el corto/medio plazo, negociación prolongada, fracaso de las conversaciones,…).
En este contexto los niveles de violencia se mantienen estables o pueden disminuir o aumentar en paralelo a la dinámica de la negociación. Una particular preocupación es representada por las consecuencias humanitarias y el impacto en los derechos humanos de las actividades de los grupos armados post-desmovilización, tanto en ámbitos rurales como urbanos.

Dada la complejidad del contexto humanitario en Colombia – reseña el documento de la ONU–, es importante destacar que en situaciones de emergencia, causadas por desastres naturales y/o el conflicto armado, las mujeres, jóvenes, niñas, niños, personas con discapacidad y de la tercera edad son especialmente vulnerables frente a una crisis.

Se reconoce que las inequidades, la discriminación por género y las desigualdades étnico-culturales, entre otras, que existían antes de una crisis, incrementan en situaciones de emergencia, poniendo a los grupos poblacionales mencionados en mayores riesgos frente a la violencia basada en género (VBG) y otras violaciones de sus derechos humanos.

No obstante indica que Colombia posee un marco legal e institucional sólido para la preparación y respuesta de emergencia con un enfoque de soluciones sostenibles.

El país cuenta con agencias especializadas para responder a las emergencias causadas por el conflicto armado y por los desastres naturales desde el nivel nacional.

Estas instituciones, la UARIV/Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la UNGRD, son las principales proveedoras de asistencia de emergencia en el país.

Sin embargo, advierte, las capacidades de respuesta, especialmente a nivel local en algunas de las regiones más afectadas por el conflicto, a veces se ven desbordadas por las emergencias y condicionadas por graves limitaciones de acceso, la ausencia de partidas presupuestarias suficientes y de capacidad de respuesta técnica por parte de las autoridades locales, los vacíos en la coordinación nacional-local y la débil presencia civil del Estado en algunas zonas.