Por Andrey Porras Montejo
Una de las ideas más sonadas por la filosofía antigua refiere que la degeneración de la monarquía es una tiranía, de la aristocracia, una oligarquía, y de la democracia, una demagogia. Esta última tiene altos índices de impunidad en Colombia, pues no existe un mecanismo judicial preciso que la entienda como delito.
Con las elecciones del mes de octubre cercanas, la opinión pública debería mantener su memoria fresca y tomar partido por candidatos y corrientes políticas que no involucren costumbres derivadas de un manejo indiscreto de la democracia, siempre al borde de la legalidad: provechos y preventas que a los ojos de la ley son válidos, pero que al interior de la democracia se entienden como fina demagogia.
Un caso actual, que rememora la vieja polémica de los predios en Mosquera, adquiridos por los hijos del expresidente Álvaro Uribe, parece vivirse en Gachancipá, pues su exalcalde, el señor Alfonso López Sánchez, enfrenta un proceso penal en su contra por enriquecimiento ilícito. El Sr. López compró un predio por valor de 33’610.000 millones de pesos, seis meses después de que su alcaldía decretara el Plan de ordenamiento territorial. En este momento, el mismo predio, gracias al avalúo emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tiene un valor de 937’960.000, casi un 280% más que el primer valor. Es decir, compra el predio omitiendo la vigencia del POT para ganarse algunos varios millones extra.
La pregunta que deviene de esta situación, sin entrar en lo que podría relacionarse con la ética, es qué tipo de personas están facultadas en Colombia para hacer esta clase de negocios. Nace la respuesta: aquellas que utilizan sus altos cargos para hacer demagogia y conseguir sus objetivos, a sabiendas de que el sistema judicial, si bien podrá hacer una salvedad, nunca logrará emitir todo el peso de su castigo. Es una demagogia que no ataca directamente sino de soslayo, recordando en la memoria colectiva quiénes solamente tienen acceso a los grandes desarrollos.
Nada puede moverse en Colombia sin la aprobación de esa cadena tácitamente delictiva que pone la oportunidad en quienes tienen los contactos, toman las decisiones y distribuyen la información: algo parecido ocurrió con el caso de los hermanos Uribe, Tom y Jerry, según el antiguo parecer del programa radial La luciérnaga, quienes resultaron favorecidos por la compra de dos terrenos que luego serían declarados zona franca (esta vez más de un 280% de ganancia), amparados por la compañía privada Zona Franca de Occidente S.A., quien, desde la antesala, manejaba los hilos secretos de tan buena negociación.
Muy seguramente, el exalcalde mencionado, en honor a la fina demagogia no visible para la legalidad, y a pesar de la pasada audiencia de acusación citada por la Fiscalía pero dilatada por la defensa, encontrará una jugada político – jurídica, que le permitirá postularse sin tacha como candidato a la alcaldía de su pueblo.
Estoy seguro de que en su campaña hablará de estar en contra de la corrupción, a favor de la verdad y consciente de la igualdad para todos… palabras huecas de una democracia donde el confabularse, las puertas giratorias y los favores mutuos son el concierto, anterior y posterior, de cualquier proceso electoral.
Que la opinión pública se ilustre bien antes de votar y que los mecanismos legales evolucionen, para que esta clase de prácticas queden al descubierto y movilicen, bien sea la decisión de voto en su contra o bien sea una justicia cierta y verdadera.
