La Corte Constitucional negó la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, en la que le pedía al alto tribunal que anulará el proceso de revocatoria que adelanta contra el alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro, por considerar que iniciar este proceso podría afectar las finanzas públicas. Además, la Corte señaló que la decisión no se tomó de fondo, pues los recursos de impacto fiscal no son su competencia.

La magistrada ponente, Gloria Estela Ortíz, señaló a través de un auto que “los recursos como el de incidente de impacto fiscal no están contemplados para las acciones de tutela”.

Además consideró como improcedente que el procurador general Alejandro Ordóñez, por medio de esta acción judicial, “busque tumbar la revocatoria de mandato”.

“La Corte Constitucional no sólo no es competente para conocer los incidentes de impacto fiscal presentados contra acciones de tutela, sino que este incidente no es procedente en decisiones de tutela”, señaló el auto.

Cabe resaltar que falta el pronunciamiento de este Alto Tribunal sobre la nulidad de la sentencia solicitada por la Registraduría Nacional.

Con esta nueva decisión, la Corte Constitucional dejó en firme la posibilidad de que se lleve a cabo la revocatoria de mandato contra el alcalde Petro.