Por el hurto de más de 10 mil millones de pesos a varias entidades bancarias del país, 12 presuntos integrantes de una red delictiva fueron cobijados con medida de aseguramiento intramuros. Once aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.

Así se conoció, luego de que el Juzgado 18 Penal Municipal, con funciones de control de garantías, acogiera la petición del fiscal del caso, durante las audiencias preliminares.

La investigación se inició en Cali, en octubre de 2013, tras la denuncia presentada por el gerente de una sucursal bancaria, quien dio a conocer que uno de sus empleados, de manera fraudulenta, había realizado 18 transacciones a diez cuentas de diferentes bancos, afectando de esta manera a su entidad en un monto de 1 753 millones de pesos, de los cuales logró apropiarse de 594 millones 200 000 pesos.

Tras la denuncia, la Fiscalía General de la Nación ordenó la suspensión del poder dispositivo de los dineros que quedaron en las cuentas y se logró el congelamiento de aquellas a donde llegaron los dineros referidos.

Luego de los seguimientos al funcionario denunciado, los investigadores interceptaron 40 líneas telefónicas que arrojaron más de 116.000 registros de audios, que junto a la búsqueda selectiva en base de datos y la vigilancia a personas, permitieron evidenciar la existencia de una organización criminal, dividida en dos grupos localizados en Cali y Bogotá, los cuales, a través de varias modalidades, se dedicaban a defraudar el sistema financiero y a los ciudadanos que depositaban sus dineros en entidades bancarias.

Las defraudaciones se realizaban en Colombia y en otros países como Panamá, Ecuador y Venezuela, para lo cual sus integrantes vulneraban los sistemas de información de las entidades bancarias a través de empleados de las mismas, falsificando cheques, cartas de instrucción para solicitar cheques de gerencia, clonación de cheques, consecución de cheques hurtados originales, sobre los que montaban información espuria.

Además realizaban transferencias electrónicas fraudulentas con destino a diferentes cuentas en el país, ya que tenían los accesos como administradores, para realizar dichos movimientos y cuando las entidades financieras llamaban a sus clientes para confirmar las transacciones, la organización ya tenía intervenidas las líneas telefónicas de los clientes, para autorizar los pagos.

Mientras la organización delincuencial logró afectar a clientes de las entidades financieras en una suma de 10 mil millones de pesos; la investigación de la Fiscalía evitó cobros irregulares por 100 mil millones de pesos.

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali y Bogotá capturaron a los hoy procesados durante 13 diligencias de allanamiento y registro, luego de que un juez de control de garantías librara las respectivas órdenes de captura, previa solicitud del fiscal del caso.

Dentro del procedimiento, fueron incautados 44 millones de pesos, dólares, euros, 300 cédulas, equipos de cómputo, celulares y documentos contables como cheques, chequeras y sellos de diferentes entidades, entre otros.

Durante las audiencias, el juez legalizó los allanamientos y capturas. La Fiscalía por su parte, formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir; hurto por medios informáticos; estafa agravada tentada, estafa y estafa agravada; violación a los datos personales, falsedad en documento público y privado.

Los afectados con la medida de aseguramiento son: Juan Carlos Santamaría Ávila, alias Duro; Carlos Enrique Patiño García, alias Kike; Carlos José Villamarín, alias Falso; José Luis Zapata Oviedo, alias José; José Manuel Ramírez Rojas, alias Manolo; Jhon Henry Suárez Carrillo, alias Jhon; Martín Bernardo Pardo Rodríguez, alias el Flaco; Carmen Leonor González Poblador, alias Maley; Jhan Enrique Forero Darzón, alias Jhan; Manuel Antonio Galindo Tinjacá, alias Ingeniero; Danilo Bolívar Malagón y Diego Anthony Garivelly Murillo. Este último no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Por determinación del juez, las personas antes relacionadas deben cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.