Caen en poder de la Policía 14 personas implicadas en defraudación al ICBF y al sector salud en la Guajira
La fiscalia informó que con base en las denuncias recibidas por las irregularidades presentadas en la contratación del ICBF para la atención integral a la primera infancia, inició la investigación que permitió establecer que el objetivo de la contratación era la atención de niños y niñas menores de cinco años o hasta su ingreso a transición, así como para madres gestantes y lactantes, para lo cual fue destinada la suma de 141 mil millones de pesos, de los cuales se adjudicaron $77 665 389 362 mediante convocatoria a 73 operadores.
A través de la celebración de 106 contratos se pretendía beneficiar a 27.000 usuarios con dos modalidades; la primera denominada Modalidad Familiar, dirigida a esta población con el fin de suministrarle refrigerios, charlas y un mercado familiar mensual, y la otra, la Modalidad Centro de Desarrollo Infantil (CDI), que se lleva a cabo en dichos centros y cuyo fin es brindarles desayuno, almuerzo y un refrigerio a los menores hasta los 5 años de edad.
No obstante, al realizar las verificaciones y peritajes contables que se centraron en uno de los operadores conocido como Fundación un Mejor Vivir, con el cual el ICBF celebró los contratos 375 y 383 de 2015, por valores de más de cinco mil millones cada uno; se determinó que los mismos fueron cobrados de manera fraudulenta con la creación de falsos cupos para beneficiarios inexistentes; pues se estableció el registro de 304 niños de quienes no se pudo comprobar su existencia de acuerdo con la información suministrada por la Registraduría Nacional, y que recibían los servicios del programa.
Otra de las irregularidades que se evidenció fue la alteración y falsificación de firmas que supuestamente respaldaban cuentas de cobros de refrigerios, servicios de transporte y logística, así como aparentes pagos de viáticos al personal que prestaba el servicio de acompañamiento. La defraudación solo en este aspecto fue de $695 000 000.
Además, se determinó que hubo un sobrecosto en la compra de mercados, papelería y elementos de aseo, cercano a los $1 500 000 000.
Por estos hechos, el CTI materializó la captura de Maria Isbelda Hernández Roys, servidora del ICBF; Yiseth Fince Bravo, contadora de la Fundación un Mejor Vivir; Ramiro Lizarazo, encargado de la provisión de refrigerios y mercados; y Robinson Antonio Román Dávila, creador de una empresa fachada.
De acuerdo con lo establecido, Hernández Roys era la supervisora de los contratos en el ICBF y sin embargo no cumplió con su rol de vigilancia y ejecución de los mismos.
Asimismo, Fince Bravo, en su calidad de contadora de la fundación, era la encargada de realizar los giros por concepto de viáticos y pagos de transporte, auto girándose los dineros mediante cheque, sin que se dieran los pagos a los supuestos beneficiarios. Por otra parte, habría falsificado comprobantes de pago de los viáticos mediante firmas fraudulentas y habría generado cuentas de cobro por encima del valor real.
Ramiro Lizarazo, por su parte, vendía los refrigerios y mercados con un sobrecosto elevado, casi del 50 por ciento, a la fundación, permitiendo así que esta adulterara las facturas para que reportara un valor aún mayor al ICBF, con el fin de apropiarse del excedente.
Entre tanto, Román Dávila supuestamente creo la empresa fachada en Santa Marta (Magdalena), de suministros de papelería, los cuales eran vendidos a la fundación con sobrecostos. Al parecer entregaba facturas correspondientes a la entrega de los pedidos pero que nunca fueron entregados físicamente.
Estas personas fueron trasladadas a Bucaramanga (Santander), donde serán presentadas ante un juez de control de garantías en audiencias de legalización de captura, formulación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Los detenidos serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica y material en documento público y privado.
Por estos mismo hechos están pendientes por materializar otras 3 órdenes de captura.
11 EN UN SOLO MUNICIPIO
De otro lado, en operativos realizados por servidores adscritos a la Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, 11 personas fueron capturadas por su presunta implicación en una defraudación al servicio de salud en el municipio de Albania, también en la Guajira.
Los once sujetos serán enjuiciados por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Albania (La Guajira) durante el año 2011, cuando fueron denunciados ante diversos entes de control del departamento, las presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de ese periodo, Yan Keller Hernández Herazo.
En desarrollo de la investigación sobre contratos celebrados por la alcaldía, se evidenciaron irregularidades en los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de $18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio, sin embargo fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos.
También se estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcotrataron con aproximadamente 1500 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual.
Entre los capturados se encuentran 2 servidores públicos, que habían estado en el periodo de los convenios y 9 personas particulares que subcontrataron para la coordinación de los subprogramas, estos últimos, presuntamente recibieron la suma de $1.200 millones para la ejecución, que consistía en dictar charlas y visitas, este dinero fue entregado a las 150 personas que cada uno había subcontratado, sin verificar el perfil y la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas. Entre los contratados había albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros; es decir personas con la capacidad de votar en dicho municipio, observándose que hay un trasfondo político.
