Un convenio suscrito por el Ministerio de Salud y Protección Social con Unicef asegurará la continuidad en el suministro de las fórmulas terapéuticas para atender casos de desnutrición en la Alta Guajira.

Las fórmulas se venían suministrando en los municipios de Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha desde hace aproximadamente un año y medio a través de donaciones gestionadas por Unicef en el marco de la cooperación internacional.

El nuevo convenio, que tuvo un monto de 1.395 millones (1.100 millones por parte del Ministerio y 295 millones por parte de Unicef), beneficiará a unos 900 niños de La Guajira y a unos 1.500 de otros cuatro departamentos con altas tasas de mortalidad por desnutrición (Chocó, Guainía, Meta, Vichada y Chocó).

Además del suministro de la fórmula F-75 para uso hospitalario y la fórmula terapéutica lista para consumir (FTLC) para el tratamiento ambulatorio de la desnutrición aguda moderada o severa, el convenio incluye asesoría técnica por parte de Unicef para la implementación de la ruta de atención a la desnutrición en los cinco departamentos.

La firma del convenio fue dada a conocer por el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, en la Mesa de Concertación Wayuu reunida en Riohacha, donde también fueron compartidos los avances en el cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y la comunidad guajira.

El ministro asimismo anunció que este año se analizará la UPC diferencial para los pueblos indígenas, teniendo en cuenta la información reportada por los actores.

Por su parte, el Superintendente de Salud, Norman Muñoz, expuso los avances del proceso de depuración de las EPS del departamento. “Hay un grupo de EPS en el régimen subsidiado que no tienen alto grado de pertenencia y no están ofreciendo una adecuada atención”, comentó. De acuerdo con el superintendente, el hecho de que estas empresas tengan su sede en otros departamentos imposibilita la aprobación oportuna de servicios a los usuarios.

“Queremos dejar solo aquellas que tengan arraigo entre el pueblo guajiro –advirtió Muñoz–, pero antes haremos un ejercicio de socialización. No será un proceso impuesto y arbitrario. No pasará por encima de autoridades ni de las asociaciones”.

En cuando a las IPS indígenas, el Ministerio se comprometió a presentar una propuesta para establecer criterios de habilitación. Esto, con el propósito de que solo se permita funcionar a aquellas que garanticen una prestación que se ajuste a las necesidades y expectativas de la comunidad.

Según el ministro Gaviria Uribe, “esta reunión cobra importancia porque tenemos que trabajar articuladamente, y en esto las IPS indígenas juegan un papel fundamental”.