–Tras declinar la inmunidad que le daba el cargo, el presidente peruano, Martín Vizcarra, se puso a disposición de la fiscalía anticorrupción para respondcer por supuesta corrupción cuando fue gobernador regional.

El mandatario hizo una carta con su firma y la de su abogado, presentada el 24 de mayo al fiscal Walker Ríos, en la que deja de lado la protección que la Constitución le brinda ante investigaciones o procesos judiciales.

El texto recuerda que se han presentado casi medio centenar de denuncias en su contra por supuestos hechos cometidos como gobernador de la sureña región de Moquegua entre 2011 y 2014, que asistió a declarar cada vez que fue citado y que todas las causas fueron archivadas.

‘A pesar de lo expuesto, quiero ponerme a su disposición para que usted realice las investigaciones que considere pertinentes y estoy dispuesto a presentarme ante su despacho cuantas veces fuera necesario, a fin de demostrar una vez más mi correcta participación en la función pública’, añade la carta.

La publicación de la misiva tiene como contexto una fuerte campaña de parlamentarios de la mayoría congresal neoliberal opositora, que lo acusan de tener causas pendientes de corrupción por su manejo del gobierno de Moquegua.

Responden así al emplazamiento del mandatario para que el legislativo apruebe cinco reformas políticas con celeridad, con la advertencia de que si la aprobación fuera negada, significará que le niega su confianza por segunda vez y que Vizcarra podrá disolver el Congreso y convocar nuevos comicios legislativos.

La oposición alega objeciones jurídicas para no aceptar el ultimátum y acusa a Vizcarra, en declaraciones públicas y una campaña propagandística por las redes de Internet, de querer cerrar el Congreso para salir impune de las acusaciones de supuesta corrupción.

Una de las reformas planteadas indica además que la inmunidad judicial de los parlamentarios sea levantada, por problemas legales, por la corte suprema y no como ahora, por el propio Congreso, que suele proteger a los miembros de la mayoría legislativa.

Las demás reformas plantean la participación política de las mujeres en términos de paridad y alternancia, penalizar el uso de dinero de origen ilícito en campañas electorales, prohibir las candidaturas de quienes fueron condenados por la justicia y nominar candidatos a la presidencia y al congreso en elecciones primarias. (Información Prensa Latina).