La Defensoría del Pueblo manifiesta su altísima preocupación por los últimos hechos acontecidos en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Los homicidios, amenazas y atentados contra la guardia indígena en el norte del Cauca, obligan a todas las autoridades estatales a volcar su mirada y su presencia en esta subregión suroccidental del país.

El día sábado 10 de agosto, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, constató en la vereda El Tierrero, en la parte alta de Caloto (Cauca), el alto nivel de zozobra al cual se encuentran expuestas las comunidades indígenas por cuenta de las acciones desplegadas por actores armados funcionales a los intereses del narcotráfico.

Circunstancia que se encuentra descrita en ocho alertas tempranas para el Norte del Cauca y que el pasado viernes 9 de agosto fue objeto de una comunicación de parte de la Defensoría del Pueblo a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), donde se detalló específicamente el alto riesgo para miembros de la Guardia Indígena en municipios como Caloto, Suárez, Corinto y Miranda.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo monitorea con atención los hechos relacionados con las actividades de erradicación que se adelantarán en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca) y que según versiones preliminares podrían traer como consecuencia enfrentamientos entre población campesina y la fuerza pública.

La Defensoría del Pueblo considera que la sustitución de cultivos de uso ilícito es la alternativa más sostenible y con vocación de construir paz en los territorios. Tomamos conocimiento de la disposición de la Gobernación del Valle del Cauca de ofrecer toda su capacidad institucional para que los cultivadores puedan transitar hacia nuevas fuentes de ingresos.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado a la fuerza pública para que adopte medidas necesarias y efectivas para prevenir violaciones masivas a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de los grupos armados ilegales, con especial respeto por la población civil que se encuentra ubicada en el norte del Cauca y en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca).

«Ante el recrudecimiento del conflicto en diferentes regiones como el Chocó, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Putumayo, como el Cauca entre otros, declaramos la Situación de Emergencia Humanitaria, Social y Económica en todos los Pueblos Indígenas de Colombia».

Las precisiones las hizo en un comunicado la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, tras hacer una radiografía de la situación que enfrentan los resguardos indígenas como consecuencia de la acción violenta y amenazas de las guerrillas, las bandas criminales y al menos un cartel de la droga de México, en desarrollo de la guerra territorial que libran para defender el negocio del narcotráfico.

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC, en cooperación con las organizaciones indígenas regionales, hemos emitido alertas y comunicados denunciando estos hechos, sin embargo no hemos recibido ningún tipo de respuesta por parte de las instituciones del Estado, afirma el documento, en el cual se hace además la siguiente reseña de la grave situación que enfrentan:

Hechos victimizantes en el Departamento del Cauca. En el último mes, los ataques a los representantes y Guardias Indígenas no han cesado, desde el 1 de julio de 2019 al día de hoy (10 de Agosto), hemos registrado 6 asesinatos, 15 atentados y 30 amenazas. En lo que va del año asciende a 36 personas del Pueblo Nasa del Norte del Cauca:

El día 10 de Agosto, repudiamos el asesinato de tres Guardias Indígenas, se trata de Eugenio Tenorio Yosando, de 46 años de edad, Kevin Ademir Mestizo, de 23 años de edad y Julio Taquinas Pilue de 50 años de edad, sus muertes y los siete (7) heridos se dan con ocasión de un nuevo atentado perpetrado contra la Guardia Indígena que se desplazaba en una chiva con el fin de realizar acompañamiento a los participantes de la Feria del Café en Toribio; específicamente el ataque se presenta en el sector de Los Chorros, municipio de Caloto, cuando hombres armados disparan indiscriminadamente, aún se está investigando si también se usaron artefactos explosivos. Entre los 7 heridos, se registran cuatro hombres y tres mujeres dentro de los cuales se encuentran dos menores de edad, lo cual evidencia una masacre premeditada contra la comunidad. Con el agravante que, comuneros que se dirigía a la zona de ocurrencia del atentado fueron recibido con disparos de armas de fuego de largo alcance, desde la parte alta de la comunidad de Pedregal en la zona rural de Caloto.