Fueron radicados ante el Congreso los dos proyectos del Gobierno Nacional en cuanto a las reformas política y judicial.
El proyecto de reforma a la justicia contempla cambios sustanciales en el juzgamiento de parlamentarios y latos funcionarios del Gobierno.
Reforma de justicia
La Fiscalía General de la Nación se encargará de investigar y recaudar pruebas para posteriormente formular la acusación ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, tribunal que emitirá el fallo de primera instancia, reveló el presidente del Senado, Hernán Andrade.
Después, los procesados podrán apelar la decisión ante un nuevo tribunal de última instancia. Se trata de la sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura que estará conformado por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y tres magistrados comisionados, uno por cada corporación.
No obstante, aclaró Andrade, la propuesta deja claro que la nueva norma no beneficiará a los congresistas actualmente salpicados en el escándalo de la “farcopolítica” y la “parapolítica”.
En el trámite de la reforma a la justicia, el presidente del Congreso admite que existe preocupación por los impedimentos que pueden tener los parlamentarios que tiene investigaciones preeliminares por la para y la “farcpolítica”.
Teniendo en cuenta que muchos tribunales están congestionados por reclamaciones pensionales y otro tipo de beneficios, la reforma plantea que los funcionarios públicos no deberán negar derechos otorgados a través de sentencias pasadas sino acoger la jurisprudencia y evitar pleitos judiciales.
“Actualmente, algunos servidores públicos prefieren negar el beneficio (pensión) para que haya demanda y así demorar el proceso. Si hay un fallo previo debe acogerse”, explicó Andrade.
Restablecimiento de la Cooptación
Los magistrados se elegirán ellos mismos para garantizar la “independencia” y las ternas “prefabricadas”.
“Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura serán elegidos por la respectiva corporación”, reza el texto de la reforma a la Justicia.
Nuevos requisitos para ser magistrado
La iniciativa propone 20 años de ejercicio profesional y 45 años de edad mínima para postularse. También se modifica la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años.
Cambios en elección de Procurador, Contralor y Auditor
Procurador, Contralor o Auditor. “El Congreso convocará a un concurso de méritos para la selección de una terna que será sometida al Congreso en pleno, el cual hará la elección después de oír en audiencia pública a los candidatos”, dice el documento radicado en la secretaría del Senado.
Reforma política
Radicada ante la Cámara de Representantes por la viceministra del Interior, María Isabel Nieto, la parte más novedosa del proyecto contempla que los congresistas con investigaciones penales no podrán renunciar a su curul, es decir no podrán sustraerse a ser procesados por la Corte Suprema de Justicia. En caso de investigaciones se aplica ‘la silla vacía’.
Se acaban las suplencias o los reemplazos temporales de los congresistas. Solo se procederá al reemplazo por muerte o incapacidad permanente o renuncia justificada. La dimisión por abrirse investigación será considerada como injustificada y no admitida.
Otra novedad en el proyecto es que el voto en blanco jugará en las elecciones como un ‘candidato’ de carne y hueso. Si este tipo de votos obtiene la mayoría en cualquier eleccion, deben repetirse las elecciones con candidatos diferentes a los derrotados.
Establece también que los partidos que tengan nexos con asociaciones ilegales o se financien con dineros de oscura procedencia perderían la curul del candidato avalado y podrían perder la personería jurídica.
El Consejo Nacional Electoral queda facultado para revocar toda inscripción que no esté acompañada de pruebas documentales de no estar incurso el candidato en inhabilidades e incompatibilidades.
El gobierno revive la propuesta derrotada en el referendo de 2003 para que el voto de los congresista sea nominal y público.
Un «mico» en el proyecto es que impide al gobierno la designación en cargos públicos para los familiares de los magistrados de las altas cortes, el Procurador, el Fiscal y el Consejo Electoral, pero permite que esos mismos funcionarios sean designados en cargos diplomáticos en el exterior.
La reforma política también permite que los partidos postulen candidatos a cargos de libre nombramiento y remoción pero de manera pública. Pero prohíbe a quienes postulan y eligen a otros servidores el dar recomendaciones e influir sobre nombramientos y contratos en la entidad del nombrado.
Finalmente la reforma regresa al Congreso en pleno la facultad de elegir al Registrador del estado Civil, pero los candidatos deben surgir de un concurso de méritos.
